Uno de cada cuatro niños vive en un país afectado por un conflicto o por un desastre. El número de países en crisis se encuentra en su punto más alto desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Casi nueve años de guerra en Siria han dejado cinco millones de niños en situación de necesidad y a más de dos millones y medio de menores de edad en situación de refugiados que viven en Turquía, el Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Tras cinco años de conflicto, la crisis humanitaria en Yemen sigue siendo una de las mayores emergencias en el mundo, con más de 24 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Alrededor de 3,6 millones de personas están desplazadas internamente y más de 368.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda grave.

En América Latina, la principal emergencia sigue siendo la de Venezuela, país para el que se requieren unos 138 millones de euros, a los que habría que sumar más de 58 millones de euros por la crisis migratoria. El presupuesto para Venezuela es uno de los que arrastra déficits de financiación superiores al 70%, como también ocurre con Burkina Faso, Camerún, Pakistán y Uganda. En Asia, En 2019 los más de 910.000 refugiados rohingyas de Myanmar acogidos en Bangladés seguían siendo prioridad para Unicef, una situación que ya dura dos años. 

“Llegar al creciente número de niños afectados por crisis en todo el mundo, sobre todo en países que normalmente reciben menos fondos, no requiere una financiación adicional, sino una financiación que sea más ‘flexible’”, explica Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef. “Nuestra capacidad para proporcionar apoyo a los niños desde el momento en que se produce un desastre hasta que pueden volver a su vida normal, exige una financiación que esté disponible rápidamente, que sea por varios años y que no esté ligada a un tema o país concreto. La financiación flexible nos ayuda a salvar más vidas y a proteger más futuros”. En 2019, la financiación flexible permitió que Unicef pudiera responder al aumento de la inseguridad y desplazamiento en Burkina Faso y Malí, dos países cuyos llamamientos de emergencia han recibido menos de una quinta parte de los fondos necesarios.

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