Casi siete de cada 10 inmigrantes subsaharianos que fueron trasladados a la península en los cinco primeros meses del año después de llegar a Canarias, Ceuta y Melilla vinieron a Madrid, como denunció ayer el Gobierno de Esperanza Aguirre. En total, 3.527 extranjeros aterrizaron en la capital de un total de 5.400 que fueron enviados al resto de España (el 65%). Esto significa que de enero a mayo llegó a la región un 30% más de inmigrantes africanos que todos los que aterrizaron en la capital durante el año 2005 completo.

Estos datos fueron dados a conocer ayer por la consejera de Inmigración de la Comunidad, Lucía Figar, que compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El informe que había presentado antes al Ejecutivo le sirvió para exigir la «urgente» convocatoria del Consejo de Inmigración de España para que el Ejecutivo central y el Ministerio del Interior expliquen «los criterios utilizados para el traslado de los inmigrantes a la península» y para que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transfiera parte de los 40 millones de euros previstos para la atención de los inmigrantes a la Comunidad de Madrid.

La consejera puso especial cuidado en resaltar que la Comunidad no rechaza los traslados, pero pidió que se hagan con «criterios más equitativos y equilibrados». De hecho, y como confirmaron tanto ella como el vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González, Andalucía ha recibido en el mismo periodo 1.000 extranjeros, Cataluña 350, Murcia 282 y la Comunidad Valenciana 241. Para el Gobierno de Madrid, no es de recibo que la región absorba el 65% de estos traslados y otras regiones con más población, como Cataluña, reciban apenas un 6% del total.

«La Comunidad está atendiendo a todos los inmigrantes, regulares o irregulares, con recursos propios», destacó Figar, «nunca hemos dado la espalda a este fenómeno, y estamos siendo la comunidad que más colabora y la más solidaria».

«Cooperación espléndida»

Como explicaron fuentes de Inmigración no está habiendo ningún problema con los traslados a Madrid. De hecho, el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, manifestó el pasado viernes que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, está prestando «una cooperación espléndida» en los traslados y «no ha dado la espalda al fenómeno» al contrario que otros responsables autonómicos, a los que no quiso citar.

Figar denunció también que de esos 3.527 traslados, la Delegación del Gobierno en Madrid sólo ha informado de la llegada de 1.447.En marzo, como desveló el propio Gobierno de España en una respuesta parlamentaria, llegaron 865 subsaharianos a Madrid de los 1.068 trasladados a toda España. Ese mes, la Delegación sólo informó oficialmente de la llegada de 315 inmigrantes.

La consejera dijo que con la nueva delegada, Soledad Mestre, «la comunicación ha mejorado algo» pero, aún así, destacó que ésta «siempre es tardía y parcial» y existen muchos «fallos» en su transmisión.

Figar recordó que el Ejecutivo de Madrid tiene reservados tres millones de euros para la atención exclusiva de los inmigrantes de esta procedencia, además de las partidas que reserva el Ayuntamiento de Madrid y las ONG que trabajan en la región.

El vicepresidente, Ignacio González, que fue secretario general de Inmigración en el último Gobierno de Aznar, recordó que en la etapa anterior «nunca llegaron a España estas avalanchas de 800 ó 900 inmigrantes diarios» y aseguró que con el anterior Ejecutivo había una información «transparente» y se aplicaban «medidas más justas de redistribución territorial de los extranjeros».

Por otra parte, UGT denunció la «doble moral» del Gobierno regional en materia de inmigración y exigió un Pacto por la Inmigración en Madrid que deje claro que «acoger a los desplazados es una obligación humana y legal que no puede eludirse», informa Efe.UGT consideró «preocupante la demagogia y la utilización mediática que está haciendo el Gobierno autonómico de la delicada situación por la que pasan algunas personas inmigrantes en Madrid».

El Consejo de Gobierno también aprobó el Plan de Integración 2006 – 2008, un programa que marca, según la Comunidad, «una estrategia para la plena integración de los inmigrantes». La dotación del plan asciende a 4.409 millones e incluye 240 medidas que afectan a todos los ámbitos y a casi todas las consejerías de la Comunidad como el empleo, la vivienda, la educación, los servicios sociales, la sanidad y la sensibilización. Los principios del Plan, según explicó Figar, son «la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la cohesión social».