Hablan de «vulneración de los Derechos Humanos», registran un «aumento de niños en la calle» y denuncian el «regreso a España de menores en pateras y en bajos de camiones». Gritan, al fin, que estamos ante «una política que prioriza el control migratorio de los niños y jóvenes extranjeros sobre su condición de menores».

No son cuatro activistas voluntariosos pegados a un abogado incisivo en busca de justicia. Ni siquiera son el magistrado que el 5 de abril evitó una repatriación ilegal seis minutos antes de que el avión que se llevaba al chaval a Africa despegara de Barajas.

Los dueños de las comillas de ahí arriba son más de 100 organizaciones sociales, culturales y religiosas que trabajan con niños aquí y en Marruecos, colectivos como Save The Children, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), Mensajeros de la Paz, Iglesia de Base de Madrid o L’Association Pateras de la Vida.

Ayer, reunidas en torno a la Plataforma de Organizaciones de Infancia, criticaron en voz alta la «desprotección» de menores tutelados por la Comunidad de Madrid que están siendo repatriados con la colaboración de agentes de la Policía Nacional «sin las garantías que marca la ley». Unos 600 kilómetros más al sur, la Asociación Pro Derechos Humanos – Andalucía denunciaba las intenciones de la Junta de repatriar a 268 menores marroquíes tutelados en forma de «expulsión camuflada, sin el permiso del interesado, haciendo prevalecer la condición de inmigrante irregular a la de menor».

Ni un permiso de residencia

El centenar de voces colectivas canalizadas ayer en Angel Hernández, miembro de la Plataforma, habla de tres vulneraciones de la legalidad: «Hace un año que no se ha regularizado a un solo menor tutelado, cuando la Ley de Extranjería prevé otorgar el permiso de residencia a los nueve meses del inicio de la tutela. En Madrid sabemos de, al menos, 20 casos. Desde mediados de 2005 se está expulsando irregularmente a menores bajo la apariencia de reagrupación familiar.Y, por último, se están retirando algunas tutelas porque para la Comunidad de Madrid prima la dudosa prueba de determinación ósea de la edad a la documentación que presentan los menores».

Las organizaciones cuentan que las repatriaciones son ilegales porque no se escucha al menor; no se le notifica previamente la orden de expulsión, lo que impide que presente un recurso; no se valoran los informes de las entidades que le han acogido, no se le permite un abogado independiente (en los casos en que el chaval puede ver a uno, el letrado es de la Comunidad de Madrid), o no se garantiza el retorno a su familia. «En algunos casos se les ha sacado de los pisos por la noche, se les ha montado en un avión y se les ha dejado en ciudades alejadas de su lugar de origen, a veces en comisarías», decía ayer Pablo Pérez, director de Casas de Acogida La Merced. Sentados a su lado, Claudio y Adellah asentían mientras se acordaban de cuando fueron menores y vieron tan de cerca la destutela.