Viajaban rumbo a Málaga – eso sí, con las persianas de las ventanillas del avión bajadas – , pero se encontraron de bruces en Dakar. Senegal suspendió ayer bruscamente las repatriaciones de sus compatriotas y acusó al Gobierno español de maltratar y mentir al primer grupo de 100 inmigrantes expulsado. La Dirección General de la Policía negó el maltrato, pero los agentes reconocieron el engaño a los senegaleses.

El Ejecutivo africano, mediante una «nota verbal» entregada a la Embajada española en Dakar, echó ayer un jarro de agua fría a las pretensiones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien anunció a bombo y platillo el acuerdo firmado para comenzar a repatriar a 623 senegaleses.

Durante el Debate sobre el estado de la Nación, Zapatero reprochó al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que con el Gobierno de José María Aznar se narcotizaba a los inmigrantes para deportarlos, pero ayer le tocó a él el turno de escuchar la larga lista de quejas del Ejecutivo de Senegal, quien acusó a España de violar las normas internacionales.

El ministro de Agricultura del país africano, Farba Senghor, se mostró tajante: «Deploramos las condiciones de la repatriación».Tras entrevistarse con los recién llegados, el titular de Agricultura relató que sus compatriotas habían sido esposados durante el trayecto y que las autoridades españolas les habían hecho creer que viajaban a Málaga.

La Dirección General de la Policía emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que los 100 agentes desplazados respetaron «escrupulosamente los derechos individuales» de los inmigrantes.Los policías que custodiaban el vuelo relataron que no se produjo ningún incidente y que los sin papeles no iban esposados, sino que llevaban lazos, según pudo saber este diario. El problema se produjo con las autoridades locales, una vez que se pusieron las escalerillas, y los inmigrantes comprobaron que se encontraban en Senegal y no en Málaga, ya que habían viajado con las ventanillas cubiertas. Fue entonces cuando los senegaleses comenzaron a gritar y a tirarse al suelo para evitar salir del avión. Ante la negativa a subirse a los autobuses, tuvo que intervenir la Gendarmería y fue necesaria la mediación del ministro de Juventud, Aliou Sow.

Fuentes policiales admitieron a este diario que es una práctica común omitir el país de destino a los inmigrantes cuando se les va a expulsar, dado que, en caso contrario, se negarían a subir a la nave. «Si a una persona que se ha jugado la vida y todos sus ahorros para llegar a España le dices que le vas a deportar, no hay quien le monte en el avión», destacó un agente.

Los repatriados también se negaron a declarar ante los funcionarios del comité de acogida y reclamaron la presencia de un miembro de su Gobierno como único interlocutor, según informa Efe.

Durante más de cinco horas, el comité de acogida intentó calmar los ánimos de los más recalcitrantes, algunos de los cuales tuvieron que recibir asistencia psicológica ante el shock de encontrarse de vuelta de eldorado europeo. Los 100 senegaleses acusaron al Gobierno de su país de «traición» y de haberles llevado de regreso a Senegal engañados. Por este motivo, exigieron a sus autoridades que les paguen los 1.220 euros que les costó el viaje en cayuco hacia España.

Según la prensa local, uno de los inmigrantes, Samba Ndao Dieng, relató de esta forma su periplo: «Dos mujeres y tres hombres, que afirmaron trabajar para el Gobierno senegalés, nos dijeron que nos iban a ayudar y a llevar a campamentos que se encontraban en Málaga y Madrid. Nosotros les creímos y nos embarcaron en un avión. Una vez en el aparato, nos esposaron y dos policías se pusieron en la parte trasera». A pesar de todo, algunos se mostraban dispuestos repetir la odisea de regresar en cayuco a Canarias.

Ante esta situación, Rodríguez Zapatero confió ayer en que Senegal cumpla los términos del acuerdo, mientras que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, prevé regresar hoy a Dakar para desbloquear la crisis. Desde Bruselas, la Comisión Europea recordó a Senegal que no puede negarse a repatriar a los inmigrantes.