El 2 de diciembre de 2018 Vox dio la sorpresa en las elecciones autonómicas de Andalucía y logró entrar por vez primera en las instituciones públicas e iniciar su particular reconquista del país para las políticas de extrema derecha. En este tiempo, sus 12 diputados han sabido jugar sus cartas para sostener desde fuera un gobierno de PP y Cs logrando que sean aceptadas, y normalizadas, buena parte de sus mensajes políticos. «Vox está siendo útil» y «da estabilidad» a la legislatura, es el mensaje que lanza el Gobierno.

Durante los once meses transcurridos desde el vuelco político en Andalucía tras 37 años de hegemonía socialista, Vox ha dejado ver su gran habilidad para marcar la agenda política con su ideología ultraconservadora, como se demostró a las pocas semanas de comenzar la legislatura al poner sobre el tapete un debate, el de la violencia de género, que parecía cerrado tras años de consenso entre las formaciones mayoritarias. Ha sido su gran caballo de batalla: ha pedido datos de los trabajadores que evalúan a las víctimas, en un intento infructuoso por demostrar que las asociaciones feministas sacan tajada económica de estas ayudas, y ha logrado frenar la habitual declaración institucional del Parlamento en contra de la violencia de género al votar en contra.

Pese a ser el grupo más pequeño en la Cámara, su docena de diputados han conseguido tensar la cuerda para que el Ejecutivo aceptara sus condiciones a cambio de sacar adelante los Presupuestos y vender estabilidad y normalidad en la comunidad. Lo suyo no ha sido arrancar grandes compromisos económicos, sino la guerra cultural. Han puesto en marcha un teléfono de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, la denominación con la que buscan minimizar la violencia machista; y también han conseguido aumentar la dotación para mejorar la seguridad en los centros de acogida de menores inmigrantes, pese a que el Ejecutivo regional cree que no suponen un problema de delincuencia.

Asimismo, han logrado que las escuelas andaluzas estudien el valor de la caza, o que se estudie la puesta en marcha del PIN parental, además de favorecer un programa para asistir a las embarazadas «en dificultades» y evitar el número de abortos o fomentar la enseñanza del castellano en aquellas comunidades con hay inmersión lingüística.

Sus iniciativas en el Parlamento no se han alejado de estos temas: rechazo a exhumar al general franquista Queipo de Llano; calificativos de «buscadores de huesos» a las asociaciones memorialistas; oposición a una comisión permanente para la protección de la infancia por alentar el efecto llamada o promover modelos de familias alternativos, y propuestas para que Salvamento Marítimo deje de ser ‘taxis’ para los inmigrantes.