BILBAO- Más que identificar estados de ánimo, las conclusiones del último informe de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, se asocian ya con actitudes. Después de catorce años preguntando a la ciudadanía vasca sobre cuestiones relacionadas con este fenómeno, el análisis de la línea evolutiva confirma que el paso del tiempo ayuda a resolver dudas, demostrar verdades y sobre todo, ganar en madurez y sensatez. Dicho de otro modo, la sociedad vasca es consciente de que la diversidad cultural ha venido para quedarse, ha asumido este hecho sin problemas y, además, ha descubierto el impacto positivo que tiene esa diversidad en la comunidad.

El estudio de Ikuspegi refleja, en resumen, una evolución positiva en la tolerancia hacia el fenómeno de la inmigración, cuyo índice ha ascendido al 60,67%, frente al 59,71% de 2018. Estas cifran revelan el “mantenimiento de la tendencia en la mejora de las actitudes hacia la inmigración en esta etapa de recuperación económica” que “se aleja así de la pauta descendente que se mostró en el periodo de crisis”. Y es que, tal y como expresó la investigadora de Ikuspegi Beatriz Otero, el momento económico condiciona e influye en las actitudes hacia la inmigración de la sociedad vasca: a mayor certidumbre, mayor confianza general.

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Quizás por eso esté tomando fuerza entre la población el discurso funcional y utilitarista sobre la inmigración. De hecho, según describió Otero, aumenta en más de diez puntos el porcentaje que considera “que necesitamos personas inmigrantes en algunos sectores de la economía y los que consideran que las personas de origen extranjero permiten que la economía funcione mejor al ocupar puestos que la población autóctona no quiere”. En épocas de recesión este posicionamiento se resintió bastante, pero en un escenario poscrisis como el actual vuelve a tomar cuerpo.

Tanto es así que si se analiza el grado de tolerancia que tiene la sociedad vasca con respecto a situaciones que suelen producirse como consecuencia del asentamiento de la población inmigrante extranjera y del mantenimiento de algunas pautas culturales se aprecia que las que tienen mayor aceptación están ligadas con la apertura de comercios, restaurantes y establecimientos de alimentación. “Los aspectos culturales más exóticos y epidérmicos tienen probablemente más predicamento que los más profundos y sustantivos: que construyan templos para sus religiones, vistan con sus vestimentas o tengan centros de enseñanza propios”, apostilló la investigadora de Ikuspegi.

“POSTURAS TIBIAS”Este hecho pone de manifiesto otra de las peculiaridades de la sociedad vasca: su ambivalencia ante la inmigración extranjera. El estudio refleja esa dualidad “posturas tibias”, en opinión de Otero en la que conviven el respeto y la tolerancia con posturas más reacias. Así, aunque predomina la opinión favorable al acceso a derechos universales como la educación (70%) y la sanidad (60%), la balanza social también se inclina hacia la creencia de que tener autorización de residencia debería ser requisito para acceder, por ejemplo, a la asistencia jurídica (53%), a las ayudas sociales (61%), a una VPO (67%) o al derecho a votar (71%). La mayoría de la población es partidaria de limitar su acceso a aquellas personas que estén en situación administrativa regular.

De hecho, más de la mitad de las personas encuestadas (52,9%) es partidaria de limitar la entrada de inmigrantes solo a personas que tengan un contrato de trabajo y cerca de la mitad (49,7%) considera que solo se debe regularizar administrativamente a quienes tengan contrato laboral. Cierto es que la serie histórica de Ikuspegi permite comprobar cómo en 2009 esos porcentajes eran del 83,2% y del 55,8%, respectivamente. Esta actitud obedece a que un contrato “da tranquilidad y seguridad a la población vasca”, en palabras de la investigadora de Ikuspegi. Sobre las personas solicitantes de refugio o asilo, el 62,3% sostiene que hay que acogerlas con condiciones: comprobando si están realmente perseguidas (46,7%) o haciendo un reparto de cuotas (15,6%).