Con la ley basta. El actual Código Penal tiene instrumentos para combatir a las bandas que saquean casas. Así lo estiman los juristas consultados por LaVanguardia,quienes en principio no son favorables a endurecer la legislación, aunque sí a modificar algunos aspectos. Por ejemplo, con la creación de juzgados que centralicen estos asuntos.
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La juez decana de Barcelona, María Sanahuja, expresó ayer durante una rueda de prensa de presentación de la memoria de los juzgados, que es contraria a introducir ahora cambios, porque “las leyes se deben hacer pensando, no a golpe de titular de los medios de comunicación”.
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Pero el caso es que la situación de angustia propiciada por la ola de asaltos ha causado que de nuevo afloren tópicos sobre el tratamiento judicial de este tipo de delincuentes, que se pueden resumir en la consabida frase de “entran por una puerta y salen por la otra”, con la consecuencia de que es necesario endurecer el Código Penal. Pues bien, no son pocos los juristas que opinan que los instrumentos jurídicos existentes permiten hacer frente a estos delitos. Y de que no van a la cárcel, y que cuando van están muy poco tiempo, nada de nada.
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Por ejemplo, es cierto que no existe una figura concreta de crimen organizado, pero si la asociación ilícita, que son aquellas que tienen por objeto cometer delitos o promover que se cometan de forma organizada. La penalidad viene determinada de dos a cuatro años (para los dirigentes) o de uno a tres años (para los miembros).
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A esta pena viene sumada la de los hechos concretos. Por ejemplo, un robo con violencia puede conllevar de dos a cinco años y las lesiones hasta 12 años (si van aparejadas de deformidades o mutilaciones, por ejemplo cortar un dedo).
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Tras las últimas modificaciones del Código Penal, las penas se cumplen casi en su integridad y las posibilidades de redención son escasas, sobre todo en el caso de extranjeros. Las fuentes jurídicas consultadas indicaron que, además, las condenas se van acumulando, de manera que se puede llegar en estos supuestos hasta casi el máximo que permite la ley española, que son 30 años.
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Explicado de otra forma, supongamos que se detiene a un ciudadano rumano por asaltos silenciosos y se le demuestran tres robos, por lo que se le imponen tres penas de cinco años. Pues bien, pasará quince años en la cárcel, lo cual no es poco.
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Y otro lugar común que se esgrime es que en el juzgado quedan en libertad. Los juristas consultados explicaron que una cosa es lo que se dice que han hecho y otra la que se puede demostrar. Y es que el sistema de garantías funciona para ellos, pero también es el que garantiza al resto de ciudadanos que no puedan ser atropellados.
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Ahora bien, hay que reconocer que el sistema tiene lagunas. Por ejemplo, que los tribunales ponen reparos a aceptar la asociación ilícita, puesto que esto requiere una organización y una estabilidad en la carrera delictiva. Y estas bandas tienen peculiaridades: vienen por poco tiempo, sus integrantes se relevan y no venden el producto de sus latrocinios en España. Así, ha constatado que cargan sus vehículos y se llevan el botín a su país. Por el camino llaman a sus contactos y cuando llegan ya lo tienen todo colocado. Una curiosidad, entre los objetos más apetecidos por el mercado negro rumano se cuentan los productos de perfumería y las sierras mecánicas. Los primeros tienen fácil explicación, pero los segundos utensilios nadie sabe porqué van tan buscados.
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Las bandas son una nueva escalada en la internacionalización del delito, que conocen las lagunas legales y policiales, pero no es fenómeno nuevo, Catalunya sufrió diversos episodios del clan de los peruanos, que saqueaban a los usuarios de las autopistas.
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Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y que fue fiscal especializado en bandas, cree que existen los instrumentos, pero que el problema debe combatirse “desde la presión policial, con un tratamiento adecuado de la información y coordinando fuerzas de seguridad y fiscalías. También se deben establecer vínculos con las policías de los países de origen”.
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Ramos apunta un problema: la dispersión de causas, pues los robos se producen en diferentes sitios. Eso se debería resolver en 24 horas, y no sería desdeñable la creación de juzgados especializados en estos delitos.
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