“La población vasca en exclusión está cada vez más alejada de los lazos comunitarios”

DONOSTIA- La sociedad vasca y su cohesión social pueden visualizarse en la terraza de un bar. Actualmente hay un 85% de la población, en torno a un millón y medio de personas, que piden su consumición sin mayores problemas. Participan activamente en la toma de decisiones de la sociedad, pero cada vez practican menos la empatía. Eso sí, no dudan en levantar su mano para ser atendidos. Acude raudo y veloz a su encuentro un sector precarizado y servil, integrado por unas 360.000 personas cuya estabilidad se sustenta sobre pies de barro. A pesar de trabajar, se cierne sobre ellos un futuro más que incierto. Forman parte de una sociedad “quebrada de base” que se los llevará por delante ante el más mínimo traspiés por la precariedad sobre la que se asienta su recuperación económica.

No son los únicos actores de esta sociedad. Frente a la terraza del bar se ve pasar en bicicleta, malhumorado, a un repartidor a domicilio. Lleva tiempo maldiciendo el estado actual de las cosas, pidiendo abrigo y un modelo social distinto. Desconfía de las instituciones, aunque las necesita más que nadie porque sigue atrapado en el ascensor de la movilidad social, que nunca sube, ni siquiera un peldaño. En el interior se encuentran unas 240.000 personas.

La fotografía se completa con quienes amenizan la sobremesa en esa terraza del bar, invisibles a ojos de esos grandes consumidores que tiran de cartera sin problemas.

Este último grupo no se siente partícipe del marco social. Si la exclusión más severa afecta actualmente al 8,8% de la sociedad vasca en torno a 194.000 personas, dentro de este colectivo hay 92.000 que acumulan tal cantidad de dificultades que se convierten en la “sociedad expulsada”. No hay para ellos más futuro que el día a día, alejados de los mecanismos de protección. Es el grupo de ciudadanos sobre los que se ha cernido la exclusión más dura de la sociedad vasca durante el proceso de recuperación económica. El agravamiento de su situación supone un reto para los sistemas públicos de atención y también para las entidades sociales.

Representantes de todos estos sectores, de la Administración, de la universidad, de la política y de aquellos ámbitos que conforman la pluralidad de la sociedad vasca se dieron cita ayer en el paraninfo de la Facultad de Derecho de Donostia, donde el sociólogo Guillermo Fernández, que se reveló como un excelente divulgador, presentó de modo tan gráfico el II Informe Foessa de Euskadi, sobre Exclusión y Desarrollo Social en el País Vasco.

Se trata de un estudio de reconocido prestigio por la metodología empleada, en la que se tienen en cuenta 35 indicadores, que abarcan en toda su dimensión la realidad diaria de la población más allá de su disponibilidad económica. Un equipo profesional integrado por más de 350 personas ha tomado una muestra representativa de los hogares y la población vasca. En estos encuentros han compartido más de una hora y media de su tiempo para conocer a fondo su situación.

INTEGRACIÓN PLENADe entrada, Euskadi es el fiel reflejo de una sociedad polarizada. Crece el porcentaje de población en situación de integración plena. De hecho, la mejor noticia es que el País Vaco presenta una de las cifras más elevadas del Estado. El problema es que las tasas globales de exclusión apenas se reducen, ganando peso la exclusión severa. Así, las personas en situación de exclusión social en su conjunto representan el 15,2% de la población vasca, lo que implica que una de cada siete vive en la exclusión, ya sea moderada o severa. Son en total 334.000 personas. “Es lo que denominamos la sociedad estancada para quienes el ascensor de la movilidad social no funciona y no son capaces de subir ni siquiera la primera planta”, dijo Fernández, del equipo de Estudios de Caritas Española y Fundación Foessa.

El experto alertó de que hay dos elementos de preocupación respecto al futuro. “Una de las novedades detectadas es que dentro de la sociedad integrada se está produciendo una quiebra por su base. El colchón de resistencia es débil para 360.000 personas y serán las primeras en comenzar a notar los síntomas del proceso de desaceleración”.

Este grupo de personas y hogares es proporcionalmente mayor al del conjunto del Estado. “Esa imagen de buena situación se vería matizada entonces por el modo en el que se ha producido la recuperación, donde la precariedad ha sido una de sus características”, apuntó ayer el sociólogo. Así, el País Vasco se caracteriza por una situación favorable durante la recuperación, pero con tendencia a la precarización cuyo máximo exponente son las personas que viven en la exclusión más severa.

Nace de esa situación una tercera idea referida a la desigualdad. Si se tiene en cuenta solo la renta, Euskadi tiene una tasa reducida en relación al resto del Estado. Pero mirando más allá de la renta, y teniendo en cuenta otras dimensiones de la vida cotidiana como puede ser la vivienda, la salud o la capacidad para hacer frente a los problemas familiares, la fotografía cambia.

El País Vasco, según el pormenorizado estudio, se encontraría entre el grupo de comunidades autónomas más desiguales del Estado. “Esa desigualdad multidimensional se traduce en que la población en exclusión social tiende a estar cada vez más alejada de los lazos comunitarios. Cada vez se parece menos al conjunto de la sociedad”.

RIESGOS SOCIALES

La investigación identifica tres bloques de riesgos sociales en Euskadi:

VIVIENDA

Ocupa el primer lugar como generador de dificultades en la sociedad. El 22,2% del conjunto de la población estaría afectado por esta dimensión.

Gastos excesivos. Hay 233.000 personas en hogares con gastos excesivos que o bien presentan deudas de suministros o pagos de alquiler o hipoteca o bien una vez pagados se quedan bajo el umbral de la pobreza severa. Tres veces más que en 2013. En 25.000 hogares se convive en situaciones de hacinamiento.

SALUD

El efecto combinado de un mayor índice de envejecimiento y de una mayor tasa de dependencia están siendo determinantes.

Medicinas. En 69.000 hogares se han dejado de comprar medicinas y seguir tratamientos por problemas económicos. En 62.000 hogares todos los adultos sufren discapacidad, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para la vida diaria.

EMPLEO

El 48% de las personas en exclusión trabaja. Tener empleo no garantiza sobrevivir con dignidad. Nueve de cada diez tienen nacionalidad española.