MADRID- España sigue sin aprobar el Reglamento de la ley de Asilo de 2009, lo que genera “una grave inseguridad jurídica” a las personas que piden protección internacional y que se ven envueltas en procesos de solicitud de asilo, un procedimiento que se ha convertido en una lista interminable de trabas y dificultades.

Según el informe para la ONU que han realizado quince ONG que trabajan con refugiados, España no solo no ha cumplido los compromisos que adquirió en 2015 en su última evaluación internacional, sino que ha retrocedido, coincidiendo con un gran aumento de solicitudes registradas en los últimos cuatro años que ha colapsado el sistema.

A finales de 2018, quedaban por resolver 78.710 peticiones de asilo, cifra que en febrero de este año ascendía a 93.140 solicitantes de protección internacional esperando respuesta.

España será examinada de nuevo por la ONU en enero de 2020, a partir de los informes que proporciona el Estado, la información recogida por Naciones Unidas y la evaluación de las ONG e instituciones nacionales de derechos humanos. La evaluación de las ONG fue presentada ayer y firmada por la Plataforma para el EPU (Examen Periódico Universal), integrada por organizaciones como Red Acoge, Movimiento por la Paz, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Federación SOS Racismo, Pueblos Unidos y Diaconia, entre otros.

La presentación del informe coincide con las últimas dificultades que han salido a la luz en la atención a refugiados, en concreto en Madrid, donde casi medio centenar de solicitantes de asilo aguardan desde hace días a las puertas del Samur Social del Ayuntamiento. Según ha denunciado Red Solidaria de Acogida, los afectados entre ellos, trece menores están durmiendo al raso a la espera de que “puedan ser atendidos y derivados a un recurso para poder pasar la noche”. El informe detalla que la administración gestiona directamente solo 416 plazas de acogida (el 10% del total de plazas), delega el resto en las ONG. – Efe