Madrid, 13 nov (EFE).- La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) se ha mostrado “claramente en contra” de ceder datos de inmigrantes en situación irregular incluidas en los ficheros sanitarios y sociales para favorecer su localización y expulsión como ha propuesto el Gobierno andaluz en su acuerdo de presupuestos.

El Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud–Salud Internacional de la SemFYC ha reaccionado así a uno de los puntos del acuerdo al que han llegado PP, C’s y Vox por el que se establece el impulso de un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para la gestión conjunta de la información que tiene la Administración andaluza sobre inmigración ilegal.

Para la Sociedad, el hecho de que la Policía Nacional y la Guardia Civil puedan acceder a estos datos con la intención de ordenar “adecuadamente los flujos migratorios” criminaliza a estas personas y es contrario a la atención sanitaria universal que la SemFYC defiende.

“Una persona migrante en situación administrativa irregular no ha cometido ningún delito”, ha subrayado en un comunicado Luis Gimeno, coordinador del Grupo de Trabajo de Inequidades en Salud, quien ha advertido que aplicar esta medida chocará frontalmente con la garantía de accesibilidad de estas personas a la sanidad pública, "contrariando radicalmente el espíritu actual de la Ley.

También opina que facilitar “el libre acceso" a Policía y Guardia Civil de datos de estos pacientes solo empeorará su atención sanitaria, ya que “ante el miedo a ser expulsados” no se darán de alta en el sistema sanitario.

La SemFYC también ha querido desmentir el “supuesto sobreuso” que hacen los inmigrantes de los servicios sanitarios: de acuerdo con los últimos datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), correspondientes a mayo de 2018, “las atenciones a la población migrante no regularizada suponen una mínima parte del total de las asistencias sanitarias”.

Así, el SAS atiende a un total de 32.000 residentes extranjeros no regularizados y no a 52.000, tal y como se ha asegurado en algunas declaraciones políticas.

Junto a todo ello, se da la circunstancia de que “dejar sin atención a los migrantes en situación irregular, además de inmoral y de atentar contra los Derechos Humanos, es más caro que atenderles”.

Por todo, se ha adherido a la misiva dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, recientemente suscrita por más de 200 organizaciones en la que expresan su preocupación por esta iniciativa.