Desolados y desconcertados, sin saber dónde ir ni dónde dormirán esta noche, justo cuando las temperaturas en la provincia de Huelva se han desplomado. Una veintena de temporeros afectados por el incendio que el pasado 14 de octubre arrasó el asentamiento chabolista de Lepe, en el que residían alrededor de 200 personas, han sido desalojados este domingo del pabellón de deportes municipal en el que habían sido reubicados tras quedar calcinadas sus infraviviendas.

Sin previo aviso, según denuncian las organizaciones que trabajan con el colectivo, más que la advertencia que anoche a última hora se les hizo por parte de la seguridad privada que vigila el recinto. “Les dijeron que a primera hora de la mañana tenían que limpiarlo todo, recoger sus pertenencias e irse”, han explicado a EL MUNDO fuentes de la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci), que está acompañando a los temporeros que finalmente han tenido que abandonar hoy el recinto a las siete de la mañana.

Se quedan así en la calle y “sin lugar donde ir” cerca de una veintena de personas que, en algunos casos, llevaban años residiendo en Lepe, trabajando en el campo, en la campaña de la fresa y en otras que se desarrollan en la provincia. “Hoy, precisamente hoy, 10N, cuando el foco de todo el país está centrado en un resorte tan importante para la democracia como son unas elecciones, acaban de echarlos a la calle”, han denunciado desde Asnuci. “Total, ellos no votan. Pero sí trabajan y contribuyen a la riqueza de nuestra sociedad”, han reprochado.

EL AYUNTAMIENTO NIEGA EL DESALOJO
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Lepe han insistido en que, desde que se desmanteló el asentamiento tras el incendio se derribaron las pocas chabolas que habían quedado en pie y se valló la zona para impedir que el poblado se volviese a levantar se han estado buscando soluciones para los distintos casos (cerca de 200) y, de hecho, niegan que las instalaciones se hayan desalojado, sino que asegura que “apenas quedaban ocho personas en las mismas”, y que “cuatro de ellas han sido reubicadas en otro alojamiento, mientras que las otras cuatro se han ido por su propio pie”.

Una versión que sin embargo niegan desde Asnuci, que asegura que, según los propios afectados han explicado, la seguridad privada dio claramente la orden de desalojo y, “según nos han dicho, llegando a amenazar con deportar a los que opusiesen resistencia”. Resistencia que no ha habido, aunque sí mucha incertidumbre entre las personas que, con sus escasas pertenencias, se encuentran ahora en los alrededores de la misma zona sin aseguran otra alternativa que la calle para dormir.