LA AUDIENCIA NACIONAL, en su memoria anual correspondiente al año 2005, reclama una vez más la competencia para conocer los delitos de inmigración ilegal y conexos. Parece una propuesta, como mínimo, razonable. A estas alturas nadie duda de que el tráfico de carne humana – los subsaharianos que a diario intentan llegar en pateras y cayucos a la tierra prometida , las latinoamericanas y eslavas que trabajan de animadoras en los miles de puticlubes que brotan como setas a lo largo y ancho del suelo patrio, e incluso los chinos que se apilan en los talleres clandestinos – no se mueve por libre, sino que está a merced de las respectivas mafias, que nutren ese fenómeno tan de actualidad llamado delincuencia organizada.

>
Estas organizaciones en no pocos casos compatibilizan esta actividad delictiva con el tráfico de drogas, la falsificación de documentos e incluso colaboran con organizaciones terroristas. Si todos estos delitos son competencia de la Audiencia Nacional, ¿por qué no lo puede ser también el de tráfico ilegal de personas?

>
La concentración de estas investigaciones en un solo Juzgado Central de Instrucción y los consiguientes juicios en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional no sólo parece sensato y razonable, sino también urgente, si de verdad se quiere afrontar con un mínimo de rigor y seriedad uno de los problemas más acuciantes de este país.