Madrid – La Audiencia Nacional adolece de falta de efectivos – aunque los
magistrados aumentarán a cuatro por sección en los próximos meses – y
quiere soltar lastre en asuntos que considera no son de criminalidad
organizada (por ejemplo, la falsificación de tarjetas de crédito) para
poderse hacer cargo de otros que reclama para su competencia, como la
inmigración ilegal y los delitos contra el Patrimonio Histórico – Artístico.
En la memoria de 2005 dada a conocer ayer, el tribunal reitera la
«conveniencia» de hacerse cargo de los delitos de inmigración ilegal dado
que las redes mafiosas que controlan esta actividad delictiva «no son
ajenas a las que se dedican a actividades delictivas tales como la
falsificación documental, el fraude, los secuestros, amenazas y
coacciones, entre otros». En cuanto a los delitos contra el patrimonio
histórico, aduce que la mayor parte «son consecuencia de actuaciones
coordinadas».
   La Audiencia (a quien el Supremo confirmó el 75%
de las sentencias recurridas en casación) tampoco esconde los «problemas»
que le acarrea la aplicación del principio de universalidad (refrendado
por el Constitucional a raíz de una denuncia presentada por la premio
Nobel Rigoberta Menchú por el genocidio del pueblo maya) en la aplicación
de la jurisdicción penal internacional. Un criterio que implica que la
jurisdicción española deba conocer «de cualesquiera actos criminales
cometidos fuera de nuestras fronteras».
   La memoria también
subraya la «enorme rémora» que suponen los macrojuicios (una veintena el
pasado año y cinco en lista de espera en la actualidad), «que requieren de
una dotación de medios materiales y humanos extraordinarios».
   Y a la vista de la reciente excarcelación, por un error judicial, de
uno de los imputados del 11 – M, Saed el Harrak, resulta un tanto sonrojante
la rúbrica al capítulo dedicado al control de los presos: «No se ha
producido ninguna situación crítica en materia de presos preventivos como
las vividas en el pasado».
   Los magistrados de la Audiencia, por
cierto, se han modernizado. El 90% usa ya la informática como herramienta
ordinaria de trabajo frente al 30% de 2004. Por último, en cuanto a los
Juzgados de Instrucción fue el número 1, cuyo titular es Santiago Pedraz,
el que más sumarios y diligencias previas terminó en 2005.