Almería, 3 nov (EFE).- La Fiscalía de Almería ha interesado penas de 7 años de prisión para los dos presuntos responsables de una patera interceptada con 45 personas a bordo a 18 millas náuticas de la isla de Alborán.

La calificación del fiscal, consultada por Efe, señala que entre octubre y noviembre de 2018, los acusados M.B. y F.B.S. promovieron de “forma directa” la inmigración clandestina de personas desde la localidad de Nador (Marruecos) hasta España.

Según el fiscal, para poder llevar a cabo esta entrada irregular en el territorio nacional, M.B. se encargaba de la captación de inmigrantes y a cambio de dinero organizaba todo lo necesario para poder efectuar el viaje en una patera.

Asegura además que M.B. era el que dirigía la travesía, daba instrucciones, cobraba los “billetes”, indicaba qué decir en caso de ser interceptados, además de ser quién arregló la embarcación cuando “se ajó”.

Por su parte, F.B.S. era presuntamente el responsable de patronear la patera.

El Ministerio Público sostiene que los acusados cobraron aproximadamente unos 1.000 euros a cada uno de los 45 inmigrantes de origen argelino, entre ellos una mujer y tres menores, que iban en una patera que zarpó en dirección a España desde Nador durante la madrugada del 8 de noviembre de 2018.

De esta forma, sobre las 12:20 horas de dicho día la embarcación fue interceptada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a unas 18 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán.

El fiscal subraya que la patera no reunía las condiciones requeridas para este tipo de viajes, ni por sus características técnicas ni por el número de ocupantes, ya que su capacidad máxima es de 6 o 7 personas.

Recalca además que no podía realizar trayectos de 120 millas náuticas, ni soportar condiciones de viento y oleaje, así como que no contaba con los “mínimos elementos de seguridad”, como botiquín, chalecos salvavidas, bengalas o balizas de señalamiento, lo que puso “en peligro la vida e integridad” de sus ocupantes.

La Fiscalía de Almería acusa por estos presuntos hechos a los acusados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, solicitando para ellos penas individuales de siete años de prisión.