Tres semanas después del atentado contra una sinagoga en la localidad germano oriental de Halle, protagonizado por un neonazi que asesinó a dos personas, el Consejo de ministros alemán aprobó este miércoles un plan de nueve puntos en el que «se aplicarán todos los medios del Estado de Derecho contra el odio, el extremismo de derechas y el antisemitismo», dijo la ministra federal de Justicia, la socialdemócrata Christine Lambrecht. Esta comentó que se trata de un «medido, pero muy necesario paquete de medidas», mientras el titular de Interior, el socialcristiano bávaro Horst Seehofer, subrayó que «la situación de amenaza desde el área del extremismo y el terrorismo de derechas es elevada».

El plan contempla obligar a los gestores de redes sociales a denunciar de manera activa ante las autoridades todo contenido punitivo y revelar ante las fuerzas de seguridad la dirección de IP del usuario sospechoso. Igualmente establece incrementar la protección contra amenazas y ofensas para políticos municipales ampliando el artículo 188 del código penal que castiga las ofensas a «personas de la vida pública». La ley de registro será modificada para evitar la difusión pública de las direcciones de personas que luchan contra el racismo y el antisemitismo para protegerlas mejor de agitadores de extrema derecha.

Igualmente establece la prohibición de conceder permiso de armas a quienes sean miembros de organizaciones o asociaciones de carácter anticonstitucional. Se dotará de más medios a las fuerzas de seguridad e Inteligencia que luchan contra la extrema derecha y la financiación de nuevos programas «al más alto nivel». Su objetivo será fomentar la democracia y la sensibilización contra el extremismo, el racismo y el antisemitismo, según explico la ministra de Familia, Franziska Giffey, encargada junto con Lambrecht y Seehofer de elaborar el paquete.
Protección a políticos locales

«El extremismo de derechas, el antisemitismo y la islamofobia son un peligro real que debe ser combatido de manera consecuente y sostenible», afirmó la comisionada para la Integración del Gobierno federal, Annette Widmann-Mauz. También el presidente de la Dieta Alemana de Municipios, Burkhard Jung, celebró el plan del Ejecutivo al contemplar más medidas para proteger a políticos locales. El pasado mes de junio un alto funcionario comunal en el Estado federado de Hesse, defensor público de la acogida de refugiados, fue asesinado de un tiro en la cabeza por un neonazi cuando se encontraba en la terraza de su casa.

La Oficina Federal para la Defensa de la Constitución (BfV), responsable del contraespionaje y la lucha antiterrorista, cifró recientemente en 12.700 el número de extremistas de derechas y neonazis en Alemania que son considerados muy violentos y capaces de cometer un atentado racista o antisemita. Este organismo lleva contabilizados desde 1990 más de 170 atentados mortales cometidos por elementos radicales de derechas.