Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en relación con el punto del acuerdo presupuestario en el que se señala que la Junta se compromete a continuar negociando con el Ministerio del Interior y a remitir una propuesta de Convenio de colaboración por el que se cree un órgano de coordinación “para la coordinación y gestión conjunta de la información que obre en los archivos de la administración andaluza para luchar contra las mafias que trafican con personas, para ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares de acuerdo con lo que establecen las normas nacionales y europeas y, por último, garantizar las mejores condiciones de trabajo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la inmigración irregular”. El vicepresidente ha manifestado que de lo que habla ese punto “es de coordinar con el Ministerio del Interior todas las actividades que sean necesarias para llevar a cabo las competencias que tenemos en materia de inmigración” y otra cuestión es que alguien quiera “sacar de contexto” ese punto del acuerdo. Ha indicado que eso, sin duda, formaría parte de esa “campaña habitual” a la que ya está acostumbrado este Gobierno y que empezó el pasado mes de febrero “rodeando” el Parlamento de Andalucía. Marín ha recalcado que cualquiera que lea ese punto del acuerdo entenderá que eso no existe ni se va a dar y que por supuesto ningún consejero se va a saltar “la ley” en ningún caso. Ha apuntado que lo que sí es necesario es llevar a cabo un trabajo de coordinación con el Gobierno central para que realmente podamos atender a todas estas personas y facilitarles la documentación, permanencia en España o su regreso a su país de origen. “No sé dónde dice eso de que vayamos a facilitar información o que nos vayamos a saltar la Ley de Protección de Datos”, ha insistido el vicepresidente, para quien esto es fruto de una “campaña permanente” que viene sufriendo el actual Ejecutivo desde hace más de nueve meses. “En ningún momento vamos a incumplir la ley y vamos a asumir siempre nuestras competencias”, según ha insistido el vicepresidente, quien ha criticado que se pretenda crear “alarma innecesariamente” y fuera de lugar.