Si hubo ayer en el Congreso algún líder político que habló del estado de la Nación, ese dirigente fue Mariano Rajoy. Se podrá discutir si estuvo más o menos acertado en el tono y en los argumentos, pero no cabe albergar ninguna duda de que fue el presidente del PP quien puso sobre la mesa dos de los temas que más preocupan a los ciudadanos en estos momentos: la inmigración y la seguridad ciudadana. El líder del PP incurrió, en cambio, en el error de enzarzarse en una discusión sobre los tiempos con el presidente del Congreso, aceptó eludir el debate sobre la próxima negociación del Gobierno con ETA y pecó de falta de convicción en su primera exposición, correcta pero fría.

Zapatero realizó durante la mañana un balance triunfalista de sus dos años de gestión y se dedicó por la tarde a replicar al discurso de Rajoy con continuas referencias a los supuestos errores cometidos por la oposición en sus ocho años de gobierno. Muchas de las cosas que reprochó el presidente del Gobierno a Rajoy eran ciertas, pero no por ello menos fuera de lugar. Como acertadamente le hizo observar el líder del PP, el Debate del estado de la Nación sirve para analizar la labor del Ejecutivo y no para examinar los fallos de anteriores Gobiernos.

Inmigración y seguridad

Rajoy puso el dedo en la llaga de Zapatero cuando le recriminó la falta de una política de inmigración coherente, que siempre llega «tarde» y «pone parches donde menos falta hacen», ya que el problema no reside tanto en Canarias, donde entraron 7.000 inmigrantes ilegales el año pasado, como en la frontera francesa, por la que accedieron más de 700.000. También le reprochó que el Gobierno hubiera desoído las advertencias de la UE y aseguró que en España hay en estos momentos más de 1,3 millones de inmigrantes ilegales. Zapatero contraatacó con el argumento de que los Gobiernos de Aznar llevaron a cabo cuatro o cinco regularizaciones y que tampoco fueron capaces de tomar medidas eficaces para detener el enorme flujo de inmigrantes. Ello es rigurosamente cierto, pero no vale como excusa: quien gobierna ahora es Zapatero y su incapacidad para afrontar el problema de la inmigración no puede justificarse por los errores de previsión de su antecesor.

Rajoy se mostró también muy duro en cuanto al aumento de los delitos y la creciente inseguridad ciudadana, subrayando que España se enfrenta a un tipo de delincuencia desconocida. Acusó al Gobierno de no haber tomado ninguna «medida eficaz» y pidió a Zapatero que asuma como «preocupación prioritaria» la lucha contra las mafias y el crimen organizado. El líder del PP le reprochó al presidente que el PSOE no hubiera secundado su propuesta de reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos de asalto a la propiedad y uso de la violencia contra las personas.

Zapatero volvió a comparar la actuación de los Gobiernos de Aznar con lo que ha hecho él en estos dos años, subrayando el aumento de los gastos del Estado en seguridad en relación al PIB y la convocatoria de 8.000 nuevas plazas en la Guardia Civil y 11.500 en la Policía Nacional desde abril de 2004, muy por encima de la media anterior.

Las cifras ciertamente demuestran que no es cierto que este Gobierno sea insensible al aumento de la violencia y la inseguridad, lo cual es compatible con la crítica de fondo de que ese auge de la delincuencia organizada ha provocado un fundado sentimiento de inseguridad en la calle y una respuesta muy insuficiente.

Zapatero, que tachó a Rajoy de «profeta del desastre», no estuvo convincente en las réplicas sobre estas dos grandes cuestiones, como tampoco lo estuvo cuando pasó por alto en su triunfal capítulo económico el rebrote de la inflación – que alcanza ya el 4,1% interanual, el nivel más alto desde 2001 – , el deterioro de la competitividad y la deslocalización industrial. Sí pudo presumir, en cambio, con razón de la creación de empleo, de una política social progresista y del incremento de las inversiones públicas.

La gran omisión

Si Zapatero recurrió a la vieja táctica del «y tú más…» para disimular sus fracasos (también lo hizo en política exterior), Rajoy cometió el gran error estratégico de obviar en el debate la tregua de ETA y la negociación del Gobierno con la banda.Hizo una breve referencia al principio de su discurso, pero no volvió a sacar la cuestión que más incomodaba al Gobierno. Tampoco mencionó la investigación sobre el 11 – M ni habló de las lagunas de su instrucción judicial.

La omisión sobre ETA demuestra que ejerce con prudencia su sentido del Estado, pero la renuncia a relacionar esa negociación con la reforma de los Estatutos y el nuevo modelo territorial de Zapatero restó mucha fuerza a sus argumentos. Muchos criticarán hoy a Rajoy por haber convertido en tabú un asunto que preocupa a los ciudadanos y por desaprovechar una baza para poner a Zapatero frente a sus contradicciones y arriesgadas aventuras.

El protagonismo de Marín

El presidente del Congreso, Manuel Marín, pretendió convertirse en uno de los grandes protagonistas de la tarde, con interrupciones a los oradores, admoniciones a la oposición y peculiares reflexiones políticas en las que demostró su ansia de focalizar la atención en un debate en el que debería haber pasado desapercibido.

Marín se enfrentó con Rajoy, que le solicitaba más tiempo para poder responder a Zapatero, que, como presidente, carece de límites en sus intervenciones. Puede que la norma sea la misma que siempre, pero Marín debería haber sido flexible, ya que la polarización de la Cámara hace que el PP se enfrente solo al resto de las fuerzas políticas. Lo intolerable en todo caso es que abuse del cargo, haciendo reproches al líder de la oposición y comentarios de tan mal gusto como: «Esto no es un autoservicio». Efectivamente.Por eso, Marín debe dejar de comportarse como un encargado antipático y meticón.

En conjunto, fue un debate irregular, devaluado por la omisión a ETA y tirando a flojo por el nivel de las intervenciones, que no estuvieron a la altura de las expectativas. El resultado: empate en mediocridad.