LA INMIGRACIÓN es consecuencia lógica de un mundo desigual, injusto, globalizado. Pero sus efectos son diversos, profundos, manipulables. Algunos economistas no dudan en calificar a la inmigración extranjera en España como el hecho social más relevante de la última década. Nuestro crecimiento y prosperidad – dicen – se explica en buena medida por los inmigrantes. Sin ellos, la economía española hubiera entrado en un proceso recesivo de consecuencias incalculables. Una versión silenciada por razones múltiples.

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En efecto, la evolución de residentes extranjeros fue, según el INE, como sigue: 0,54 millones en 1996; 0,92 millones en el 2000; 2,66 millones en el 2003; 3,72 millones en el 2005. Este hecho obligó a cambiar ideas y predicciones. Desde la anunciada quiebra de las pensiones hasta el pesimismo irredento sobre la evolución de la economía. Desde la preocupación por el deterioro demográfico hasta el aumento de la población total y la regeneración de una pirámide muy dañada en sus tramos de población activa por caída larga de la natalidad. Además de los beneficios adicionales que obtiene la economía española por la presencia de los inmigrantes jubilados europeos (los ingleses, alemanes, italianos y franceses suman 0,54 millones), pese a generar un gasto sanitario mayor.

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Naturalmente, los problemas asociados a esta brusca irrupción migratoria son diversos, problemas que se multiplican si el acceso se produce por vía irregular. Pobreza, subsistencia, explotación, aprender a vivir con culturas y valores distintos, precariedad laboral, delincuencia minoritaria que todo lo enturbia…. Son arañazos e inconvenientes que sufre el privilegio cuando los desheredados de la tierra buscan una vida mejor. Por eso conviene no perder la razón. Si la patera resiste al muro y al ejército, las cosas son más serias de lo que aparentan.

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Otra cuestión relevante de la inmigración extrajera es su distribución desigual en el territorio. Como sucede en la inmigración interior. Pero estas asimetrías de beneficios y costes acentúan a su vez unas diferencias territoriales que convendría estudiar y seguir con atención. Por eso los municipios y comunidades autónomas están obligadas a saber cuántos extranjeros residen en su territorio, en qué condiciones viven y trabajan, cuáles son sus cauces de llegada y retorno, qué edad, sexo, estudios o profesión tienen. Sin duda, una tarea compleja. En todo caso, el futuro de la inmigración extranjera dependerá siempre de factores diversos (expectativas de crecimiento y empleo de la economía española, políticas de reagrupamiento familiar, cambios significativos en los países de origen, etcétera). Que sepamos, no hay razones para anunciar modificaciones en la tendencia actual.