El Partido Popular y el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, se enzarzaron ayer en un enfrentamiento a cuenta de la puesta en libertad de cientos de inmigrantes llegados en patera, en las últimas semanas, sin pasar antes por el juzgado ni decretar su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

«Francisco Jiménez faltó a la verdad, al decir que los inmigrantes serían expulsados en un mes, porque la mayoría quedaron el libertad», afirmó ayer el portavoz del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea, Joaquín Segado. Pidió su «inmediato cese», porque «quien vigila el cumplimiento de la ley no puede saltarse las normas» y generar «un efecto llamada con su ineficacia».

Jiménez defendió que el tratamiento aplicado a los extranjeros se ciñe a lo dispuesto en una circular emitida por el Ministerio del Interior, en 2014. Subrayó que el paso a disposición judicial de 106 de las 509 personas apresados en las últimas semanas se debe a que «exclusivamente hay obligación legal de llevar ante el juez a aquellos migrantes que vayan a ser objeto de internamiento preventivo» en un centro de extranjeros.

Para Segado es «muy grave» que Francisco Jiménez dejara en libertad a muchos inmigrantes «sin pasar por la autoridad judicial». «Esto no es una crítica partidista. Hasta los abogados lo han denunciado», dijo.

Jiménez reprochó al portavoz del PP «el desconocimiento de los procesos» aplicados en los casos de inmigración. La Policía Nacional «es rigurosa en la aplicación de la ley» dijo, al «incoar expedientes de expulsión a todos los ciudadanos que son susceptibles de devolución» a sus países. Advirtió que «la legislación prevé diversas medidas para el cumplimiento final de la resolución y en ningún caso el internamiento es la única, hay otras que puede aplicar el instructor», como dice «una circular dictada por la Dirección General de la Policía cuando su director general era Ignacio Cosidó, del PP».

El responsable gubernativo insistió en que «esa circular se aplica en los mismos términos en la actualidad». Entre los factores para el internamiento están si la persona «posee domicilio conocido en España, vínculos familiares e hijos menores a su cargo». También «las consecuencias para él y su familia, si tiene arraigo en España, si posee pasaporte y si su libertad supone un riesgo para el orden público». Asimismo, cuentan «su edad, si es una mujer embarazada, su estado físico y psíquico, si necesita tratamiento médico y si ha padecido violación o tortura».