«Llevo cinco años trabajando aquí, en régimen interno. Nos hacen un contrato que dice ‘40 horas semanales’ , pero es mentira. Abusan muchas veces no sólo las personas a las que cuidamos sino los familiares de los que cuidamos. Sufrimos abusos verbales, psicológicos, laborales, en definitiva, no tenemos vida propia. Si queremos tener un descanso nos corresponden dos horas al día y éstas son, muchas veces , para hacer los recados. Las mujeres queremos tener derecho a estar empadronadas en el lugar donde trabajamos porque muchas tenemos que esperar tres años para conseguir el permiso de trabajo e incluso pasado ese tiempo no nos dan la tarjeta porque no estamos empadronadas. Tampoco podemos acceder a la tarjeta sanitaria si no estamos empadronadas. Muchas tenemos que viajar a nuestro país de origen para que nos traigan medicación y o tras cosas. Es injusto. Nosotros venimos aquí a luchar, superar y trabajar, no a pedir y esclavizarnos. Hablo en nombre de muchas mujeres que guardan silencio por miedo a perder el trabajo porque en algunas casa viven abusos psicológicos y verbales. Nos callamos muchas veces porque nos amenazan con denunciarnos a inmigración. Queremos un trabajo de ocho horas con un salario digno, no exigimos más. Nuestro único delito es querer trabajar dignamente», es el duro testimonio de Miryam López Bautista, una nicaragüense que lleva cinco años en Euskadi y que ha alzado la voz en representación de otras muchas mujeres, inmigrantes como ella, que trabajan en el cuidado de personas mayores, la mayoría internas.

Ahora, un grupo de personas de Azpeitia, Zestoa y Zumaia se han reunido y han creado la plataforma ‘Irauli Zaintza’ que fue presentado este mismo viernes en el palacio Basazabal porque aseguraron «no nos gusta lo que vemos y no podemos admitirlo».

Por ello denuncian la situación de las trabajadoras inmigrantes al cuidado de las personas mayores porque es un trabajo «esclavo, mal pagado, poco considerado e ignorado por las autoridades locales, forales y del Gobierno». Por ello, han decidido, trabajar conjuntamente con estas mujeres por «solidaridad» pero entendiendo, además, que el problema no es sólo de las trabajadoras ya que aseguran «sus problemas laborales no se van a resolver si no le damos la vuelta a cómo se organiza y se financia el cuidado en el domicilio» ya que estamos en una sociedad, dicen, «enferma e indigna» por explotar a estas mujeres que vienen del otro lado del mundo «a resolvernos un problema muy importante en nuestras vidas y en nuestras familias».

Ante esta situación la Plataforma Irauli Zaintza, cree que son «los vecinos y vecinas y sus ayuntamientos» la base donde debe empezar el cambio. Trasladan primero varias peticiones a los alcaldes de Azpeitia, Zumaia y Zestoa que pasan por una aplicación del salario mínimo interprofesional (900 euros, 14 pagas por 40 horas semanales y 30 días de vacaciones) y que la nocturnidad se valore, como mínimo 10 euros la noche, «siempre que sea compatible con el descanso» .

También solicitan cambios específicos en el sector como que las trabajadoras sean empadronadas en el domicilio donde trabajen; que el Ayuntamiento complete una lista con las personas en situación irregular y remitan ese listado al Gobierno Vasco para que reconozca el arraigo social a todos los efectos, sin necesidad de los tres años y que las mismas instituciones puedan garantizar también las ayudas públicas además de su formación.

En la comarca de Urola Kosta calculan que puede haber más de 300 mujeres migrantes realizando trabajos domiciliarios de cuidado de personas mayores, un centenar de ellas, en Azpeitia.