La polémica política suscitada en septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de una treintena de argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a disposición del juez de guardia, ha derivado en una movilización de los abogados de la comarca para exigir explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e incluso irregulares». En concreto, el Colegio de Abogados estudia elevar una protesta ante el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del PSOE), por el hecho de que solo 65 de los 509 inmigrantes llegados a la ciudad en las dos últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

Este colectivo profesional también quiere conocer los motivos por los que la gran mayoría de estas personas no fueron puestas a disposición judicial, como sí se ha hecho en decenas de ocasiones a lo largo de los años. No es una medida ilegal, puesto que el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, pero lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para solicitar autorización para el internamiento provisional, dentro del expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la ciudad el 20 de septiembre, el Ayuntamiento tuvo constancia a través de taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barcelona y Zaragoza, con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, algunos intentarían alcanzar posteriormente Bélgica y Alemania.

Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero remota alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una ‘devolución en caliente’.

Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no convenientes, por diferentes motivos. Argumentan que los inmigrantes tienen derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», es decir a que haya un control de su situación por parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y añaden que quedan desprotegidos, frente a posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o el no tener cumplidos los 18 años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para asistir a un detenido por otro asunto pero no a estos.

Según los datos a los que ha accedido este diario, en fechas no precisadas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasaron a disposición judicial 106 inmigrantes llegados en pateras. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 31 llegaron al Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena; 67 al de Instrucción 4; y 8 al de Instrucción 5. Esa cifra de 106 personas equivale al 20% de los 509 inmigrantes localizados y rescatados en ese periodo, frente a las costas de la Región, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el 80% de los argelinos (un dato adelantado hace unos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.

En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el auxilio de un letrado. Sin embargo, los datos recabados hasta ayer por el Colegio de Abogados, la institución que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia 65 personas procedentes del Norte de África.

El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Colegio, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad celebrará en los próximos días una reunión para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la institución reclamará de forma oficial explicaciones acerca de la actuación de la Policía y del aparato gubernamental del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni idea de cómo se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes a pesar de no haber asistencia letrada o si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y añadió que en el Colegio consideran que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia – también hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca – supone una falta de rigor competencial absolutamente brutal, incluso de cara a la competencia del juez penal, si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal.

En estas últimas dos oleadas, la Policía logró que los jueces imputaran a un hombre sospecho de ser el piloto o ‘paterista’ de una de las embarcaciones, así como a seis por el homicidio por imprudencia de un niño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, porque hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede originar una eventual queja ante el Consejo de Europa. Este especialista señaló también que los afectados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua española y, con ello, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para garantizar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder hoy a ‘La Verdad’ sobre su gestión de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, PP, Cs, MC, Podemos – Iu – Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial riesgo de conflictos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración».

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Asamblea Regional, entre otras cosas porque medio centenar de argelinos pasaron la noche del 6 al 7 de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Colegio de Abogados recordaron que, en octubre de 2017, previa coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron dos juzgados de guardia, uno de ellos en el pabellón situado al Centro Integrado de FP Hespérides. Allí tomaron declaración a 285 de los 534 inmigrantes llegados en más de 50 pateras. Los 150 trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

Los argelinos acabaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte controversia por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernamental, Francisco Bernabé (del PP), había llegado al cargo precisamente porque el también popular Antonio Sánchez – Solís dejó en las calles de Cartagena a 60 argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.