Después de meses de continuas oleadas de inmigrantes subsaharianos en las Canarias, el Gobierno ha conseguido arrancar de sus socios comunitarios el primer gesto de colaboración: a partir de junio, ocho países de la UE, además de España, prestarán agentes, patrulleras y medios aéreos para vigilar las costas atlánticas africanas de las que cada día parten los cayucos con destino al archipiélago. Ni siquiera los responsables del Ministerio del Interior esperaban tanto de la reunión de trabajo que ayer tuvo lugar en Madrid con los embajadores en España de Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Holanda, Austria – que preside la UE este semestre – y Finlandia.

Todos los asistentes se comprometieron a activar el ambicioso plan diseñado por la Guardia Civil para detectar e interceptar las embarcaciones clandestinas en las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Unas maniobras que evitarán que las barcas lleguen a aguas internacionales, desde donde no pueden ser obligadas a volver al puerto de origen.

El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, explicó que el operativo del instituto armado incluye el despliegue de cinco patrulleras en otras tantas zonas de estos tres países, en particular en los alrededores de cuatro puntos calientes de partida: el puerto de la ciudad senegalesa de Saint – Louis (fronteriza con Mauritania); la capital mauritana, Nouakchott; el puerto mauritano de Nouadhibou (en el límite con el Sáhara Occidental); y Cabo Verde, «punto de paso de los barcos negreros».

Las patrulleras europeas estarán apoyadas por cinco helicópteros y un avión, que también aportarán los socios comunitarios. Estos países igualmente destinarán oficiales de enlace y tripulaciones para los barcos de vigilancia. Aunque los técnicos de la Agencia de Control de Fronteras (Frontex) deberán cerrar antes del 2 de junio los flecos del despliegue europeo en los países de origen de la inmigración, Francia, Gran Bretaña y Portugal ya avanzaron en la reunión que facilitarán medios técnicos y materiales (el gobierno luso ha prometido una patrullera), mientras que Alemania, Grecia e Italia contribuirán con agentes al dispositivo.

«Tremendo problema»

Camacho, que compareció para detallar el despliegue junto a la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró que este primer operativo conjunto es la prueba de que los socios europeos «están dispuestos a trabajar de forma eficaz y eficiente. Se trata – añadió – de poner coto a este tremendo problema humano generado por la «gravísima crisis económica y de subsistencia» en los países del África subsahariana.

Camacho se mostró convencido de que será posible encontrar un marco jurídico adecuado para que los europeos patrullen las aguas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde sin infringir la legalidad. El acuerdo cerrado ayer en Madrid establece que el operativo estará vigente al menos hasta septiembre, aunque podrá ampliarse si continúan las oleadas. Los representantes de la Comisión Europea se comprometieron a que el despliegue se financie la mitad con fondos de Bruselas y el resto con cargo a las arcas de los nueve países implicados.

La reunión coincidió con el inicio de la gira del secretario de Estado Bernardino León por Sierra Leona, Guinea – Bissau, Camerún, Gambia, Liberia, Senegal y Guinea Ecuatorial, los países que nutren de pasajeros a las pateras.