Una concentración ante el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo ha alertado hoy de que aún pende sobre una víctima de la violencia machista y sus dos hijos menores una orden de desahucio por parte de Lakua. Berri – Otxoak y Argitan han denunciado que el Consistorio tampoco ha planteado una solución.

La advertencia, que coincide con el Día Mundial del Hábitat, llega cuando está a punto de terminar el plazo de dos meses de suspensión que se acordó el 30 de julio en relación con la expulsión de su vivienda de alquiler de esta vecina del barrio de Santa Teresa – Bagatza.

En concreto, dado que el mes de agosto se considera inhábil a efectos administrativos, el desalojo se puede producir en cualquier momento en las próximas semanas, según han advertido desde el centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri – Otxoak, que han acampado en protesta ante las oficinas de Acción Social del Ayuntamiento, que no ha ofrecido hasta ahora ninguna propuesta frente a esta amenaza de pérdida del hogar.

Alokabide desahucia

En esta ocasión, han apuntado, es la sociedad pública de alquiler de vivienda protegida del Gobierno de Gasteiz, Alokabide, la que impulsa el desahucio de esta mujer maltratada y sus hijos menores de 6 y 15 años. «Durante este periodo desde el primer intento de desalojo, la afectada, angustiada, ha tratado de conseguir una cita para buscar una solución, pero hasta la fecha las autoridades ni siquiera han agendado el encuentro», han expuesto.

«Esta situación es más grave, si cabe, si tenemos en cuenta que esta mujer a lo largo del último año ha intentado dirigirse a los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o al Servicio Vasco de Vivienda para regularizar su situación y el uso de la vivienda en la cual reside», según han destacado.

El intento de desahucio ha llevado a la afectada a presentar una solicitud de amparo ante Emakunde, al considerar que se vulnera la normativa que ordena «medidas sociales» en el caso de desahucios de personas vulnerables y «sobre todo en los supuestos de especial vulnerabilidad como las víctimas de la violencia de género».

Del mismo modo, la defensoría del pueblo está pendiente de este problema. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, remitió un escrito dirigido a Etxebide en mayo del 2018. «Aún espera respuesta al mismo», lamentan.

Argitan y Berri – Otxoak han afirmado que «tanto el Gobierno municipal como la Consejería de Vivienda están vulnerando el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, que se les proporcione un alojamiento o alternativa habitacional».