Se avecina una reforma del Código Penal con la que el Gobierno central quiere matar dos pájaros de un tiro: frenar el crimen organizado y escenificar su alianza con CiU en el Congreso.

La modificación consistirá en un endurecimiento de las penas a los delincuentes que formen parte de bandas organizadas, en un mayor control de las fronteras para frenar la introducción de mafias extranjeras en España y en la intensificación de los sistemas de coordinación entre los diversos cuerpos policiales.

Así lo pactaron el pasado sábado en Sitges, durante la celebración de las jornadas del Círculo de Economía, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario general de CiU y portavoz de esta formación en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, según informaron fuentes cercanas a Duran.

El proyecto para reformar el Código Penal se presentará antes de verano, según indican las mismas fuentes. Sin embargo, PSOE y CiU escenificarán sus buenas relaciones esta misma semana, durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso, donde los nacionalistas mostrarán su apoyo a la propuesta de Rubalcaba para cambiar la ley penal.

Esta reforma llega después de que en las últimas semanas hayan saltado todas las alarmas como consecuencia de la oleada de los llamados robos silenciosos y violentos que se han sufrido en Cataluña. La Policía atribuye estos crímenes a bandas organizadas, procedentes principalmente de países del Europa del Este y, en algunos casos, estructuradas con disciplina militar.

Violencia

El modus operandi de estas mafias consiste en entrar en los domicilios de sus víctimas – situados por lo general en lugares aislados – y robar sus pertenencias mientras duermen. Pero en los últimos tiempos, los métodos de estos delincuentes se han endurecido, ya que en diversas ocasiones han ejercido la violencia sobre los asaltados.

La generalización de este tipo de sucesos, sobre todo en las provincias de Lleida y Tarragona, ha abierto el viejo debate sobre la falta de seguridad y también sobre la insuficiente coordinación entre las distintas policías. La Guardia Civil todavía es competente en buena parte de estas provincias, que están a la espera de que culmine el despliegue de los Mossos d’Esquadra, la Policía autonómica catalana, que se realizará gradualmente hasta 2008.