Se avecina una reforma del Código Penal con la que el Gobierno quiere matar dos pájaros de un tiro: frenar el crimen organizado y escenificar su alianza con CiU en el Congreso.

La modificación consistirá en un endurecimiento de las penas a los delincuentes que formen parte de bandas organizadas, en un mayor control de las fronteras para frenar la introducción de mafias extranjeras en España y en la intensificación de los sistemas de coordinación entre los diversos cuerpos policiales.

Así lo pactaron el pasado sábado en Sitges, durante la celebración de las jornadas del Círculo de Economía, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario general de CiU y portavoz de esta formación en el Congreso, Josep Antoni Duran LlEida, según indican fuentes cercanas a Duran.

El proyecto para reformar el Código Penal se presentará antes de verano, según indican las mismas fuentes. Sin embargo, PSOE y CiU escenificarán sus buenas relaciones esta misma semana, durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso, donde los nacionalistas mostrarán su apoyo a la propuesta de Rubalcaba para cambiar la ley penal.

Esta reforma llega después de que en las últimas semanas hayan saltado todas las alarmas como consecuencia de la oleada de los llamados robos silenciosos y violentos que se han sufrido en Cataluña. La policía atribuye estos crímenes a bandas organizadas, procedentes principalmente de países del Este de Europa y, en algunos casos, estructuradas con disciplina militar.

Violencia

El modus operandi de estas mafias consiste en entrar en los domicilios de sus víctimas – situados por lo general en lugares aislados – y robar sus pertenencias mientras duermen. Pero en los últimos tiempos, los métodos de estos delincuentes se han endurecido, ya que en diversas ocasiones han ejercido la violencia sobre los asaltados.

La generalización de este tipo de sucesos, sobre todo en las provincias de Lleida y Tarragona, ha abierto el viejo debate sobre la falta de seguridad y también sobre la insuficiente coordinación entre las distintas policías. La Guardia Civil todavía es competente en parte de estas provincias, que están a la espera de que culmine el despliegue de los Mossos d’Esquadra, que se realiza de forma gradual hasta el año 2008.

La oposición ha aprovechado la coyuntura para arremeter contra el Gobierno. El presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió ayer «más contundencia» y defendió un endurecimiento de las leyes penales, tras asegurar que España «es el país más fácil de Europa para las mafias» y que éstas «lo saben».

El pasado sábado, 264 agentes de la Guardia Civil se incorporaron a sus nuevos destinos en Cataluña. Fue la primera medida del ministro Rubalcaba para paliar el auge de este tipo de crímenes.Esta semana anunciará su proyecto de reforma del Código Penal.

Esta iniciativa le servirá para algo más que para reducir la actuación de la delincuencia organizada. El PSOE cuenta con el apoyo de CiU para poner en marcha la reforma y, por tanto, ambas formaciones escenificarán en el Debate sobre el Estado de la Nación el primer paso de lo que puede ser una alianza mucho más duradera.

Un pacto que no sería una sorpresa política. Se ha ido gestando poquito a poquito en los últimos meses en un escenario concreto, el Palacio de la Moncloa, y con dos claros protagonistas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el máximo dirigente de CiU, Artur Mas.

Durante los dos primeros años de legislatura el PSOE contó con ERC como principal aliado en el Congreso. Su sociedad, nunca escrita, era consecuencia lógica del pacto de Gobierno que en Cataluña mantenían el PSC y los republicanos. Pero ERC resultó un socio incómodo para Zapatero. Las salidas de tono de los independentistas dieron más de un argumento al PP para criticar al PSOE.

El presidente español puso entonces sus ojos en CiU, de talante mucho más moderado. Zapatero y Mas pactaron el Estatut. ERC ya no forma parte del Govern. Hay vía libre para que PSOE y CiU formalicen su matrimonio.