La tragedia ocurrida en El Tarajal en febrero del 2014, en la que quince migrantes perdieron la vida cuando intentaban acceder a nado a Ceuta en un asalto masivo realizado por cientos de personas, puede llevar al banquillo a 16 guardias civiles por homicidio imprudente. La titular del juzgado de instrucción número 6 de la ciudad autónoma decidió procesar a los agentes que intentaron disuadir con balas de goma y botes de humo que los inmigrantes alcanzasen el arenal ceutí.La magistrada hila fino en su auto. Se muestra prudente y recalca en varias ocasiones que solo existen indicios «que no pruebas»» de homicidio imprudente y reivindica más medios y recursos para la Guardia Civil. Pero, en línea con la doctrina internacional, señala que «las fronteras han de protegerse, pero sin dejar desprotegidas a las personas». Este es el principal argumento para sustentar los cargos de homicidio imprudente y el de denegación de auxilio. La jueza ve claro que «en el mar había personas migrantes que podían sufrir un mal, incluso la pérdida de la vida, y que debían ser auxiliadas por los agentes investigados, los cuales podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión».Respecto al homicidio por imprudencia, detecta indicios de que la actuación de los agentes puedo contribuir «co-causalmente» a la muerte por ahogamiento de las quince víctimas por una posible falta de proporcionalidad en su actuación.«Porque España es, sin duda alguna, un país grande, una nación con siglos de historia a sus espaldas, un Estado de derecho moderno, con una democracia consolidada, ejemplo y modelo de solidaridad en el mundo entero, sus fuerzas de seguridad y del orden están llamadas, como no puede ser de otro modo, y como es sabido, a estar a la altura del país en que desempeñan sus funciones», argumenta la jueza. Largo camino judicialCon este documento, la magistrada pone fin a la instrucción y enfila la apertura de juicio oral. Una iniciativa que toma después de que se ordenase dos veces —en enero del 2017 y en agosto del 2018— el sobreseimiento del caso, aunque ambas resoluciones fueron rechazadas por la Audiencia Provincial de Cádiz.El ministro de Justicia en funciones, Fernando Grande-Marlaska pidió esperar hasta que exista una resolución en firme y las oenegés aplaudieron el auto «porque hace justicia con las víctimas».