tener la mesa llena es sinónimo de trabajo”. Así se expresa Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y próximo invitado al Aula LAS PROVINCIAS. La estampa de su despacho se corresponde con sus palabras. Su silla, ligeramente baja para tratarse del presidente del Tribunal Superior de Justicia, y los montones de papeles que cubren su escritorio dificultan verlo desde el otro lado. Sólo la corbata roja llama la atención en su atuendo. Trufa su discurso de alguna sonrisa y constantemente alarga y junta las manos para hacerse entender. Pese a todo, cuesta apartar la mirada de una segunda mesa, donde tiene cuatro teléfonos fijos. “Sólo uso dos, los otros son muy viejos”, responde.

–Para usted la Justicia tiene ahora un interés extraordinario para los ciudadanos. ¿Quizás antes no ocurría así?

–Bueno, no es que no ocurriera, sino que no había un interés tan singularizado en el sentido del convencimiento social de la importancia y la trascendencia de la actividad de los Tribunales. Poco a poco, cuando se han estado produciendo hechos con repercusión nacional ha ido creciendo a través de las noticias. No nos podemos olvidar que somos el tercer poder del Estado.

–Su conferencia se titula ‘Justicia, Delito y Seguridad’. ¿Puede hacer una síntesis?

–Lo que pretendo es enlazar la actividad judicial referida a las infracciones delictivas, aunque se podría hablar también de que existen algunas connotaciones en la jurisdicción civil para crear también una solidez económica. En algunas ocasiones (seminarios, congresos) los empresarios me han puesto de relieve que uno de los factores que da seguridad a la actuación empresarial es una buena Justicia. Pero, en definitiva, haré un análisis de hasta qué punto la Justicia colabora para otorgar seguridad ciudadana.

–La seguridad no es percibida por el ciudadano, pero la inseguridad crea una alarma evidente.

–Es alarmante. Pero hay que hacer unos matices. Será uno de los aspectos que trataré en la conferencia. Existen dos clases de infracciones delictivas que provocan la sensación de alarma. Unas, que son de grado menor y otras que tienen una gravedad superior porque hay organizaciones armadas, montajes específicos.

–¿Cree usted que hay inseguridad ciudadana en la Comunitat?

–Aquí también habría que matizar, yo no soy quién para valorar. Desde la primera fase inicial es cuestión de la Policía y la Guardia Civil. Otro aspecto bien diferente es nuestra actividad. Estamos dotados de medios para llevar a cabo la investigación judicial, pero no siempre tenemos los autores. Las cárceles están llenas y eso quiere decir que hay delitos. Sin embargo, cuando comparamos con el año pasado, los incrementos de asuntos penales que hemos tenido no han sido excesivos. Castellón y Valencia han aumentado un 4, 72% y 5,38% respectivamente, pero en Alicante ha descendido.

–Y luego está el problema de la inmigración, ¿en qué medida contribuye al incremento de la delincuencia?

–Es un factor que ha contribuido sin duda ninguna. Es una constante que vengo observando desde hace unos años. Por ejemplo, en un partido judicial como el de Torrevieja se han tramitado alrededor de 30.000 asuntos penales en 2005. En Torrevieja tenemos la convicción de que es una zona donde se han asentado organizaciones del Este. Y este es un dato significativo. Por otra parte, yo digo que si tenemos una entrada de inmigrantes ilegales, esta gente tiene que comer y esto motiva que, en ocasiones, tengan que buscar la supervivencia.

–¿Qué le ha parecido entonces el proceso de regularización del Gobierno?

–Pienso que tiene que haber un control y lo estamos observando estos días porque, además, nos lo está exigiendo la Unión Europea. Si necesitamos mano de obra, que yo creo que la necesitamos, es necesario hacer un control. Como ocurría cuando los españoles íbamos a Alemania, así se evitarían situaciones de explotación y también se les reconocería una integración.

–¿Falta quizá un mayor control?

–A mi juicio creo que sí. Además, muchas veces estamos pensando en las pateras, pero nos olvidamos de entradas por autobuses y llegadas por avión. Si se les puede dar cobijo e integración, me parece correctísimo, pero creo que lo que habría que hacer sería proyectar la posibilidad de que en sus respectivos estados tuvieran trabajo. Algunas veces pienso que podría costar hacer el Sahara una huerta con regadíos.

–Usted recientemente alertaba del incremento de los matrimonios de conveniencia en la Comunitat.

–Claro, porque es una manera de llegar hasta aquí. Si consigue casarse con un español o española ya tiene el permiso de residencia en España y si además la mantiene un año, ya tiene derecho a adquirir la nacionalidad.

–¿Por qué es tan dificil detectar estos fraudes?

–Desde el punto de vista del encargado del Registro Civil, tiene que hacer un expediente y recibir una información reservada de cada uno de los contrayentes. El matrimonio tiene que tener un consentimiento puro y no puede estar condicionado. El problema se ha ido agudizando de tal manera que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha emitido dos instrucciones y una circular sobre esta circunstancia. Por ejemplo, un dato significativo: en Valencia atendemos 130 consultas diarias sobre cuestiones relacionadas con nacionalidad, inscripción.

–¿Qué opinión le merecen las amenazas de los miembros de Batasuna acerca de una posible ruptura de las negociaciones si son encarcelados?

–Soy juez y me cuesta entender que se pueda vulnerar la Ley porque tenemos la obligación de darle efectividad. Si hay una ley por un lado y una sentencia del Tribunal Supremo en el ejercicio de esa ley, que no se ejecute lo que dice esa sentencia, desde mi posición no lo puedo aceptar. Mi sentimiento de sometimiento al imperio de la Ley se quiebra. Si se dicta y después no se aplica no tiene sentido, que la deroguen.

–En la presentación de la memoria del TSJ dijo que contaba con la buena disposición de los magistrados. ¿También con la de los funcionarios?

–Sé que en la sociedad a veces se crean estereotipos, algunas veces surgen con fundamento, pero sí que salen tópicos que se convierten en verdades dogmáticas. Por ejemplo, la Justicia es lenta, tardía. Romper eso cuesta horrores. Si le digo que el 45,3% del trabajo de los juzgados de familias de Valencia se resuelve entre siete y diez días, no se lo cree. Dentro de la Administración de justicia, muchos funcionarios trabajan muy bien y otros no son tan buenos. Como en todos los sitios.

–El conseller Peralta quiere hacerles fichar antes del verano ante el elevado número de bajas.

–Estoy convencido de que no va a haber ningún problema. Van a fichar y se acabó. No habrá problemas.