El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha defendido la actuación de la Policía Nacional y «el cumplimiento escrupuloso de la ley en la gestión de la llegada de inmigrantes a Cartagena durante los últimos días». Tras las críticas de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, por la decisión de dejar libres el viernes a 30 inmigrantes en las calles, Jiménez respondió que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía, con sede en Madrid, cumplió la norma que regula «el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros».

En Cartagena, les tomaron los datos (filiación) en la Comisaría y, tras una revisión médica, quedaron libres sin pasar antes por el juzgado de guardia. Acabaron cogiendo en taxis hacia Zaragoza y Barcelona y su destino era Francia, según fuentes de toda solvencia.

Castejón denunció que no fue informada por la Delegación, que gestiona el PSOE, y que no se activó el procedimiento de alojamiento y ayuda humanitaria, para gestionar el alojamiento. Ya en 2017, la alcaldesa se quejó de la liberación de 60 inmigrantes con un delegado del gobierno del PP.

En un comunicado, Jiménez rechazó que se haya incumplido ningún protocolo, pues «la llegada escalonada de pateras en varios días no supone la excepcionalidad que requeriría la activación de dicho protocolo».

«Las declaraciones de la alcaldesa son reprochables, pues cuestionan la labor de cientos de profesionales de la Administración General del Estado que, durante años, han solventado situaciones y avalanchas migratorias verdaderamente excepcionales». Jiménez reiteró que «no es el caso», pues llegaron «unos 60 inmigrantes de forma escalonada a lo largo de varios días»; y acusó a Castejón de «crear alarma» con personas que «no son delincuentes».