Madrid – La oleada de violentos robos que atemoriza en las últimas semanas
a buena parte de la ciudadanía española ha disparado la sensación de
inseguridad entre los españoles. La violencia que, en muchos casos,
emplean los delincuentes ha disparado las alarmas. Como apuntan los
expertos policiales, del clásico «macarra» nacional poco dado a recurrir a
la agresión física como método para conseguir su botín, se ha pasado en
los últimos años a un nuevo tipo de criminal menos escrupuloso. De hecho,
y según las estadísticas que manejan las Fuerzas de Seguridad, el pasado
año el 30 por ciento de las muertes y lesiones que se produjeron en España
tenían como autores a delincuentes extranjeros, muchos de ellos
procedentes de países del Este que se aprovechan de la porosidad de la
frontera pirenaica para entrar en territorio nacional. Según el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), en una semana pueden entrar por el aeropuerto
de Barajas o por la frontera francesa el mismo número de inmigrantes
ilegales que en un año en pateras. Y aunque no crean la alarma social que
los subsaharianos, muchos de los que se cuelan son tipos muy peligrosos.
«Hablamos, en muchos casos, de sujetos que han tenido una formación
militar de varios años y una guerra de por medio que les ha otorgado una
experiencia importante», explican expertos policiales. Y su «modus
operandi» incluye el uso de la violencia sin excesivas contemplaciones.
«Su escala de valores es muy diferente a la nuestra», explica un
funcionario de prisiones que trabaja a diario entre ellos. Falta de
información. La Policía y la Guardia Civil se enfrentan, además, a un
importante hándicap a la hora de combatir a estos criminales. Ya desde el
mismo momento en que ponen un pie en España, están, en muchos casos,
organizados. Pero las Fuerzas de Seguridad lo desconocen. «No tenemos
datos, ni antecedentes, ni archivos, ni fotografías», apuntan desde el
SUP. «Y eso no se soluciona crean centros de coordinación, sino destinando
más recursos a la investigación propiamente dicha», apunta otro experto
policial. De manera recurrente, los miembros de ambos cuerpos de seguridad
apuntan al endurecimiento de penas como solución para atajar la actividad
del crimen organizado en España. «Los delincuentes se aprovechan del
sistema garantista español, de que aquí se respetan sus derechos y, en el
peor de los casos, saben que pasar una temporada en cárceles españolas es
mucho más confortable que estar en prisión en sus respectivos países». Sin
embargo, el incremento de penas introducido tras la modificación del
Código Penal en 1995 para los delitos más graves ha tenido un pernicioso
efecto en el sistema penitenciario español – que ha dejado de ser ese
«confortable» lugar debido a que se encuentra casi al doble de su
capacidad – y en el que el 30,74 por ciento de los reclusos, en consonancia
con las estadísticas policiales, son extranjeros. Para el SUP, sería bueno
implantar como medida disuasoria la reforma legal necesaria para expulsar
de una forma rápida, con independencia del cumplimiento de las penas, a
este tipo de criminales y prohibir su entrada de nuevo en España durante
un largo periodo de tiempo de al menos diez años a estos delincuentes «que
están haciendo un gran daño a los verdaderos inmigrantes» y pueden
degenerar en graves problemas de xenofobia.