Mohamed Kheir Alali, de 70 años, y su esposa Charifa Hamou, de 68, un matrimonio sirio sin recursos que vive en Ávila desde hace cuatro años de alquiler, ha visto aplazado hasta el 3 de noviembre el desahucio, mientras la Junta tramita la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Coincidiendo con el día en el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila había fijado su salida del piso en el que viven de alquiler desde hacer más de tres años, Ricardo Massen, un compatriota de ambos que les ayuda, ha confirmado a Efe que podrán permanecer en su casa un mes y medio más.

Por otra parte, fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León han confirmado a Efe que desde Servicios Sociales se está “tramitando” la concesión al matrimonio de esta prestación social que se configura básicamente como renta familiar.

Massen ha reconocido que Mohamed y Charifa, que dado su delicado estado de salud tras dos infartos necesita tomar hasta una docena de medicinas al día, están “contentos” tras recibir estas noticias que les permiten permanecer en su piso actual sin temor al desahucio hasta principios de noviembre.

Esta circunstancia se mantendrá hasta que concluya la tramitación de esa ayuda, que según Massen podría rondar los 600 euros mensuales, ya que cuando perciban la primera cantidad, deberán abandonar la casa actual y alquilar otra.

Este matrimonio sirio, procedente de la ciudad de Alepo, destruida prácticamente por los bombardeos derivados de la guerra civil, se encuentra en una situación límite debido a la falta de ingresos y a una dramática situación personas tras tener que abandonar su país en el año 2015.

Tras hacerlo debido a la guerra, huyeron junto a uno de sus cinco hijos a un campamento de refugiados de Atenas (Grecia), donde permanecieron un año y conocieron que uno de los bombardeos sobre alepo mató a los otros cuatro hijos que decidieron permanecer en Alepo.

Desde Atenas, aconsejados por miembros de Cruz Roja, según relataba hace una semana a Efe Ricardo Massen traduciendo a Mohamed y Charifa, decidieron trasladarse a España, con la promesa de cinco años de una “vida mejor”.

Sin embargo, desde hace aproximadamente un año carecen de recursos y malviven gracias a la generosidad de algunos vecinos de su entorno, como su compatriota Ricardo Massen.

“Sin su ayuda, no estaría vivo”, aseguraba Mohamed junto a su mujer, que tampoco puede afrontar el pago de las numerosas medicinas que precisa después de haber sufrido dos infartos, uno Alepo y otro en Atenas, cuando estaban en un campo de refugiados.

“¿Algún español puede vivir diez meses sin recibir ni un duro?”, se preguntaba la mujer entre lágrimas y con dificultades para respirar, mientras imploraba “ayuda económica” o ser trasladados a “otro país” para poder salir de un infierno que comenzó cuando salieron en 2015 de Siria.

“Si yo hubiera sabido que iba a pasar esto, me quedo en Siria con la guerra. Habría sido más fácil”, reconocía Mohamed, días después de conocer la comunicación del desahucio.

Cuando llegaron a la capital abulense, el 28 de diciembre de 2016, permanecieron medio año en una casa de Cruz Roja, antes de trasladarse a su actual vivienda, situada en un barrio de la zona sur de la capital abulense.

Con los 900 euros de ayuda mensual de Cruz Roja que percibieron al principio, pudieron afrontar el pago de los 450 euros del alquiler, la compra de las muchas medicinas que necesita la mujer, la adquisición de la comida y el pago de los gastos ordinarios de una vivienda.

Sin embargo, hace aproximadamente un año esos ingresos dejaron de llegar y el matrimonio se vio obligado a vender por 12.000 euros una tierra en Siria que valía mucho más, ante la necesidad de poder afrontar el día a día en Ávila.

Cuando ese dinero también se agotó, Mohamed y Charifa dejaron de pagar la luz y el alquiler que les reclama su casero.

Por eso, hace diez días recibieron la comunicación de desahucio por parte de la Policía para que, en un plazo de diez días, que cumplen este jueves, abandonaran la vivienda en la que viven desde hace algo más de tres años en Ávila.

Ahora, la situación ha cambiado tras el aplazamiento del desahucio hasta noviembre y la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía.