Los abandonos voluntarios de menores en centros descienden hasta el 34 %
La Vanguardia, , 12-09-2019El número de abandonos voluntarios de menores extranjeros no acompañados (MENA) atendidos en los centros andaluces ha disminuido este año hasta el 34 por ciento, lo que supone doce puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2018, cuando se alcanzó un 46,37 %.
Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, donde ha detallado que desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2019 se han contabilizado 1.742 abandonos voluntarios.
Ruiz ha precisado que durante los años 2017 y 2018 se produjeron 2.055 y 5.041 abandonos respectivamente, más del 70 % de los menores atendidos en ambos casos, por lo que ha sostenido que el abandono de menas de los centros de protección y recursos residenciales “es una constante que se produce desde hace años”.
Ha explicado que muchos de los “presuntos” menores que ingresan en los centros los abandonan cuando conocen que se les va a realizar las pruebas oseométricas para determinar si son mayores de edad.
Para paliar este problema de abandonos se han adoptado medidas como proporcionarles información y “desmontarles falsas creencias sobre las ventajas de otros lugares; favorecer el contacto con su familia o iniciar lo antes posible los trámites para la obtención de su documentación, entre otras”.
“Ocurre en todas las comunidades autónomas y exige una respuesta integral y solidaria por parte del resto de administraciones”, ha reclamado Ruiz, que ve “necesario” el desarrollo de medidas a nivel estatal y europeo que “garanticen el reparto solidario entre las comunidades y los países”.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha señalado que la Junta ha pedido en dos ocasiones por carta al Gobierno la convocatoria de la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia “para afrontar estos problemas de forma seria” y hasta el momento han obtenido “la callada por respuesta”.
Ha abogado por estrechar la colaboración “necesaria” entre comunidades autónomas para poder realizar “un acompañamiento de estos jóvenes en su proyecto migratorio”, algo que a su juicio “evitaría las situaciones de altísimo riesgo que corren y sobre todo ser captados por redes de trata de personas”.
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