No hubo estafa. Ni tampoco delitos contra la Hacienda Pública ni contra el derecho de los trabajadores. El juzgado de instrucción número 14 de Málaga ordenó el pasado 16 de mayo el sobreseimiento y archivo de las diligencias contra Antonio Villena, presidente de la Fundación de la Asociación de Contratistas con Organismos Públicos (Acop), al que se acusaba de dirigir una presunta trama de regularización de inmigrantes en empresas cooperativas, a cambio del cobro de determinadas cantidades. Por esta causa, el principal imputado pasó dos meses en prisión.

El 24 de junio de 2005, Villena presentó ante el juzgado de Instrucción número 7 una denuncia contra la Subdelegación del Gobierno por presuntos delitos de prevaricación y de infidelidad en la custodia de documento público. Según la denuncia, el 7 de mayo, último día para la entrega de solicitudes en el proceso de regularización de extranjeros, se presentaron 46 expedientes de empleados por cuenta ajena, que el funcionario encargado rechazó «sin alegar ninguna causa o motivo». La fundación promovía entonces la regularización de más de 300 inmigrantes.

Apenas dos semanas después, la policía detiene a 17 personas relacionadas con Acop, a las que se le imputan delitos contra los trabajadores y estafas a inmigrantes, a los que presuntamente se ofrecía un empleo en una cooperativa a cambio de unos 650 euros.

El auto, al que ha tenido acceso SUR, expone que el sobreseimiento de la causa se produce a instancias del fiscal. «Los hechos no pueden incardinarse dentro del delito de estafa, por cuanto obedece a la prestación de servicios a cambio de una remuneración prevista», y «no conlleva el elemento que es necesario en el pretendido delito, cual es el engaño», según consta en el escrito de la juez. Y añade: «Queda acreditado que son numerosas las personas que finalmente lograron la creación, funcionamiento y subvención».

En declaraciones a SUR, Antonio Villena afirmó que esta resolución pone de relieve «la burbuja de falsedades y mentiras que se han dicho» y aseguró que «la única finalidad era justificar que la Subdelegación del Gobierno había dejado fuera del proceso de normalización a 46 personas de manera irregular». El presidente de la Fundación Acop apeló a las actuaciones de la Fiscalía. «Ha investigado las cooperativas y todo se ha hecho legalmente», afirmó. También criticó la actitud de la inspección de trabajo, que, a su juicio, «intervino empresas que estaban funcionando con toda su documentación en regla», y recordó que aún está en curso una denuncia contra la Subdelegación por el rechazo de los 46 expedientes de regularización.