“Se redujo un flujo migratorio muy grande y complejo, que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria”, ha señalado Ebrard, que se ha referido al resultado como un logro. Las cifras de detenciones de 2019 son también un termómetro de la relación entre ambos países. En enero, cuando México tenía un mayor margen en la formulación de su política migratoria y dio visas humanitarias a 13.270 inmigrantes desde Centroamérica, hubo 58.311 detenciones en EE UU. Para mayo, cuando Trump amagó con imponer un arancel del 5% a las exportaciones mexicanas y llevó la relación binacional al mayor punto de tensión de los últimos 30 años, las aprehensiones habían aumentado casi un 150% en tres meses.

La delegación liderada por Ebrard logró un pacto in extremis en junio pasado para posponer la imposición de las tarifas y las condiciones del pacto establecían que Washington podría reconsiderar su posición si no estaba conforme con los resultados de México. La Cancillería mexicana salió airosa de la primera revisión de julio pasado y tiene que lidiar con Trump hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

La estrategia de México ha sido afianzarse como una bisagra entre Estados Unidos y Centroamérica. Ofrece, por un lado, compartir la carga migratoria con Washington y dar garantías para apaciguar a Trump. Ha desplegado a más de 24.000 elementos de la recién creada Guardia Nacional en el sur del territorio y triplicó las deportaciones de centroamericanos en los primeros meses de la Administración de López Obrador.

Por el otro, quiere ser un interlocutor de los Gobiernos centroamericanos e impulsar el desarrollo y las inversiones en la región para combatir las causas estructurales de la migración. México ha destinado este año 60 millones de dólares a Honduras y El Salvador en programas para crear empleos y apoyar al campo en esos países. El Gobierno mexicano pide a cambio que Estados Unidos aporte recursos para materializar el Plan Integral de Desarrollo, una especie de Plan Marshall para Centroamérica, auspiciado por el Gobierno de López Obrador. Es una apuesta a largo plazo, ante un éxodo sin precedentes y que se estima, según cálculos del propio Gobierno mexicano, alcance más de 800.000 personas en tránsito al final del año.