Cuatro de los 22 detenidos el pasado 27 de agosto en una redada policial contra carteristas reincidentes en el metro de Barcelona no tenían ningún tipo de antecedente penal ni policial, según ha denunciado el colectivo Irídia, que ha advertido de que la ONU prohíbe identificaciones basadas en el perfil racial.

Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional identificaron el pasado 27 de agosto a 70 supuestos carteristas reincidentes del metro de Barcelona, de los que uno fue detenido por una orden vigente y otros 22 fueron arrestados por infracción de la ley de extranjería.

De los 22 detenidos en base a la ley de extranjería, 16 pasaron a disposición judicial y el juez acordó para once de ellos el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), a la espera de tramitar su expulsión de España.

Según un comunicado del colectivo Irídia, al menos 4 de los 16 detenidos que pasaron a disposición judicial no tenían ningún tipo de antecedente ni penal ni policial.

Estas cuatro personas, según Irídia, viajaban en el metro y fueron identificadas por los cuerpos policiales “sin que existiera mayor motivo que el perfil racial”.

Los cuatro inmigrantes denuncian, a través de Irídia, que no pudieron comunicar su detención a nadie ni les dieron la oportunidad de que sus familiares o amigos les llevasen la documentación a comisaría en la que estaban arrestados. De hecho, uno de ellos es solicitante de asilo en Alemania.

Irídia ha advertido en el comunicado de que las detenciones que se producen sobre la base del perfil racial son una “práctica prohibida” por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y que generar una operación en la que “se detenga y expulse a personas por tener antecedentes penales o policiales supone tomar un atajo al sistema penal impropio en un estado democrático”.