Jueces griegos contrarios a eliminar la apelación cuando se deniega asilo
La Vanguardia, , 05-09-2019Los jueces griegos protestaron este miércoles contra la decisión del Gobierno de eliminar la posibilidad de que un peticionario de asilo al que el servicio de asilo ha denegado su solicitud en primera instancia pueda recurrirla.
Hasta ahora, ese tipo de solicitudes son analizadas en primera instancia por los funcionarios del servicio de asilo y, en caso de rechazo, el peticionario puede recurrir, en segunda, a un cuerpo formado por dos jueces y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El anuncio del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, de eliminar esta segunda opción ha desencadenado un reguero de protestas de partidos de la oposición y de organizaciones humanitarias, que temen que este cambio desencadene una avalancha de demandas ante los tribunales administrativos de personas que quieren evitar su deportación.
La Asociación de Jueces Administrativos se sumó hoy a las críticas y señaló en un comunicado que los comités de segunda instancia han funcionado bien hasta ahora y recalcó que “el propósito del sistema de asilo debería ser proteger los derechos de los solicitantes”.
Según los jueces, cada solicitud requiere un examen legal, pero también de las condiciones particulares de los peticionarios, tarea que cumplían las citadas comisiones.
No tomar en cuenta estos factores, contravendría las disposiciones del derecho internacional humanitario y el derecho europeo, recalcaron.
A su juicio, trasferir toda responsabilidad a los tribunales administrativos agravará aún más la situación, habida cuenta de la carga excesiva que padecen los tribunales.
Con su decisión de eliminar la citada segunda comisión de asilo, el nuevo Gobierno conservador pretende acelerar las expulsiones de los peticionarios que no han obtenido el estatus de asilado.
En los últimos tres años apenas 2.000 personas han sido devueltas a Turquía, en virtud del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Gobierno de Ankara en 2016, que contempla la devolución de toda persona que llegue desde las costas de ese país a Grecia de forma irregular.
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