El Ejecutivo tan sólo ha expulsado al 6% de los inmigrantes subsaharianos que han llegado a Canarias en cayuco en lo que va de año. Según los datos facilitados ayer por el delegado del Gobierno en las islas, José Segura, de los 7.768 inmigrantes que han alcanzado el archipiélago a lo largo de 2006, únicamente 500 han sido repatriados a sus países de origen.

Otros 5.200 ya han sido enviados desde Canarias a la Península y vagan por las calles con una orden de expulsión imposible de cumplir, tras haber pasado 40 días recluidos en un centro de internamiento.

Este bajo porcentaje de expulsiones de inmigrantes africanos pone de manifiesto la escasa utilidad de los acuerdos de readmisión firmados por España con los países de origen.

El propio delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, reconoció ayer a este diario las graves dificultades con las que se encuentran las Fuerzas de Seguridad a la hora de poder repatriar a los extranjeros: «Los inmigrantes son jóvenes, cualificados y llegan muy aleccionados sobre lo que tienen que decir. Mienten sobre su nacionalidad y no dan datos sobre sus familiares», indicó.

El delegado del Gobierno también destacó que muchos de los acuerdos de readmisión suscritos son puramente teóricos y, en cuanto se produce un cambio en los ejecutivos africanos, se convierten en papel mojado. En su opinión, 500 inmigrantes expulsados de un total de 7.768 no son pocos si se compara con el año 2002, cuando no se repatrió a ninguno de los 10.000 sin papeles que alcanzaron Canarias.

No obstante, el Ejecutivo está intentando impulsar los convenios de readmisión con los países africanos y, de hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, logró el jueves que Guinea – Bissau, Cabo Verde, Guinea – Conakry, Sierra Leona y Camerún se comprometieran a negociar acuerdos de regulación de flujos migratorios a cambio de ayuda al desarrollo. En la actualidad, España tiene suscritos convenios de repatriación con Nigeria, Argelia, Ghana, Mauritania y Marruecos.

Sin embargo, sindicatos policiales, como la Confederación Española de Policía (CEP), criticaron el fracaso total de las políticas de repatriación del Ejecutivo. «No se expulsa a prácticamente ningún inmigrante y se les deja en libertad en la Península a los 40 días. Ese es el verdadero efecto llamada porque los subsaharianos llaman desde allí a sus familiares contando lo fácil que es llegar a la Península», aseveró ayer Agustín Brito, secretario regional de la CEP.

Brito alertó de la situación de desbordamiento en la que se encuentran los centros de internamiento de Canarias y puso como ejemplo que en el de Hoya Fría (Tenerife) tan sólo tres policías por turno se ocupan de custodiar a más de 300 inmigrantes. «Los agentes están estresados y agotados psicológicamente ante este drama humano. Además, exigimos medidas profilácticas, guantes y mascarillas, ante la aparición de casos de enfermedades entre los inmigrantes como el sida, la tuberculosis y la hepatitis B y C», declaró el responsable de la CEP.

A este respecto, el delegado del Gobierno negó que exista algún riesgo para la salud ni de los policías ni de la población ante la oleada de inmigrantes irregulares llegados a Canarias. «Los riesgos para la salud son las de aquellos ciudadanos que van a prostíbulos sin medidas profilácticas», dijo.

Las cifras facilitadas por el delegado del Gobierno contrastan con las aportadas por la vicepresidenta del Ejecutivo este miércoles en el Senado. María Teresa Fernández de la Vega desveló que 31.000 inmigrantes habían sido expulsados durante 2006. Este dato global se refería a toda España y no sólo a Canarias, y además no especificaba si incluía otros conceptos distintos a las expulsiones como las devoluciones (en su mayoría, marroquíes que nada más desembarcar en la costa son devueltos); los retornos de inmigrantes en puestos fronterizos habilitados, como los aeropuertos, o las órdenes de expulsión sin ejecutar.