La inmigración es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades europeas, condicionado por las diferencias existentes entre el primer y el tercer mundo con repercusión en una gran parte de los ámbitos sociales, económicos y políticos que cimentan nuestra realidad. Desde el Partido Popular, pensamos que acoger e integrar a los miembros de sociedades menos favorecidas es, ante todo, un deber de solidaridad, además de una oportunidad determinada por el envejecimiento de la población europea y la disminución de los nacimientos. Ahora bien, es necesario tomar conciencia de que nuestra capacidad de acogida es limitada y por tanto, de la necesidad de establecer un cierto control.


Asumir que la inmigración ilegal es algo normal e inevitable representa un gravísimo error. No hemos de olvidar que para nosotros, los españoles, la inmigración se ha convertido en un asunto de primer orden que ha pasado a ser, en solo unos pocos años, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según se desprende del último barómetro del CIS. En primer lugar, por su elevado número, pues sobre los 44 millones de residentes en España, el 8,4% – 3,7 millones – son inmigrantes, porcentaje que en la Comunitat Valenciana se incrementa cuatro puntos por encima de la media española. Estas son cifras equiparables a las de países como Bélgica o Alemania, en los que la inmigración supone alrededor del 9% de la población, con la diferencia de que estos países han tardado más de 20 años en alcanzar niveles similares a los que hemos llegado en un plazo tan corto. Esta reflexión nos conduce a una segunda realidad: la rapidez con que se ha producido la entrada de inmigrantes en España, un claro indicador de que las cosas no se están haciendo bien. O mejor dicho: de que no se está haciendo nada.


El pasado 7 de febrero de 2005, el Gobierno socialista comenzó la regularización extraordinaria de inmigrantes, aprobando un nuevo Reglamento de Extranjería que fomentó el anuncio precipitado de regularización a los cuatro vientos, sin saber ni explicar cómo ni cuándo se iba a llevar a cabo. Desde entonces, este desdichado y caótico proceso de regularización ha desatado un efecto llamada que está empujando a miles de inmigrantes hacia Canarias, Ceuta, Melilla y otras autonomías. No es momento de experimentos, ni de lanzar ideas improvisadas para atajar un problema al que el Partido Popular ya había destinado políticas activas con mejores resultados. Y para ello, me remito a ejemplos como el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior, una actuación que puso en marcha el Gobierno del PP en el Estrecho. La situación a la que nos hemos visto abocados, con las nefastas consecuencias que suponen para la inmigración, está condicionada por la descoordinación de la política del Gobierno central, o lo que es lo mismo: por la ausencia de política, asumida como respuesta política frente a un tema tan sensible. Descoordinación que se ha trasladado a todos los escenarios, especialmente al municipal que como alcalde represento, pues no hemos de olvidar que la afluencia y acogida masiva de inmigrantes ha estado condicionada por una ausencia de comunicación entre el Gobierno central y las autonomías y Ayuntamientos implicados, especialmente los de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.


Todos somos conscientes de las dificultades existentes a la hora de gestionar financiación para medidas sociales de acogida e integración. Sin embargo, resulta del todo injustificable aprobar medidas tan importantes como el Real Decreto de regularización sin estar acompañadas de las líneas presupuestarias necesarias para atender aquellas necesidades sociales, sanitarias y educativas, que terminan gestionando las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Frente a ello, los municipios nos vemos abocados a ejercer la solidaridad que el Gobierno central niega al inmigrante, prestándole la asistencia necesaria sin más recursos que los propios, lo que inevitablemente conduce a una situación de injusticia tanto para el inmigrante como para el destinatario original de estas partidas que, finalmente, se han de utilizar para subsanar la falta de recursos con los que los municipios han de hacer frente a situaciones generadas por la ausencia de política y la falta de previsión evidenciada por el Gobierno central.