El desembarco en la medianoche de ayer en territorio italiano de los 83 migrantes que aún permanecían a bordo del ‘Open Arms’ constituía, desde el principio, la solución más razonable en términos humanitarios (la otra era Malta) que podía ofrecérsele a los náufragos del ‘Open Arms’. Resulta ilustrativo de la grave situación creada en el buque de la ONG española que al fiscal de Sicilia que ordenó la incautación de la nave para proceder a su desalojo inmediato le bastara una breve visita a los rescatados para adoptar su fulgurante decisión. Y como es descriptivo de la crisis generada que la justicia esté investigando a una de las autoridades de su propio país, el ministro de Interior, Matteo Salvini, por presunto secuestro del desesperado pasaje del ‘Open Arms’. Semejante despropósito, semejante bloqueo ante la emergencia que representaban los migrantes hacinados en el barco, no solo mandata a los tribunales italianos a llevar hasta el final su instrucción. También interpela directamente a una Unión Europea que no puede permitirse que uno de sus socios fundadores intente burlar el Derecho Internacional y los acuerdos en materia de inmigración. La comprensión de la UE hacia las eventuales dificultades italianas no significa que tenga que tolerar los excesos de Salvini. Pero la indignante actitud del ministro transalpino tampoco puede ser la cobertura para desviar el foco del auténtico problema de fondo, que sigue siendo la ausencia de una estrategia tasada, en tanto que común y compartida, para afrontar los episodios migratorios críticos, sean en el Mediterráneo o a través de otras fronteras de la Unión. El silencio de las instituciones comunitarias ha hecho aún más audible la inquietante interinidad en que se encuentran. Y la respuesta tardía y a contrapié del Gobierno de Sánchez, reflejada en el viaje abortado de un buque de la Armada que se disponía a escoltar al ‘Open Arms’ hasta Baleares, subraya la falta de una política de asistencia articulada no solo en el seno de la UE, sino dentro de la propia España. Es un hecho que la complicidad que podía existir entre las instituciones y la ONG que capitanea Óscar Camps se ha roto con esta crisis; y lo es también que no cabe que las organizaciones humanitarias tengan que asumir labores extremas y en precario en suelo y en aguas europeas, el que sigue siendo uno de los lugares más desarrollados y civilizados del planeta, ni que éstas acaben librando un pulso, justificado o no, con los poderes públicos con los que han de manejarse y cooperar. Con los 83 migrantes desembarcados en Lampedusa, la pregunta que interpela a la UE vuelve a ser ‘y ahora qué’.