La Administración Trump prepara una nueva regulación que permitirá extender indefinidamente el período de detención de familias inmigrantes y de sus hijos menores que crucen la frontera ilegalmente y abole con ello el límite de los veinte días de arresto permitidos hasta ahora. La regulación representa un nuevo golpe sobre el control fronterizo que pretende cerrar un agujero en la legislación migratoria que permite solicitar el estatus de asilo para obtener protección y evitar así la deportación.

La medida, que será anunciada de forma oficial el jueves por los departamentos de Seguridad Nacional y de Salud, busca terminar con la orden de un tribunal federal (el Acuerdo de Resolución Flores) que desde 1997 restringe a veinte días el tiempo que el Gobierno puede retener a niños inmigrantes y a sus familias. La Administración busca reemplazarla con una nueva normativa que expandiría indefinidamente el tiempo de retención de inmigrantes ilegales bajo su custodia.

El secretario en funciones de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, declaró antes de salir en viaje a Panamá que la nueva medida permitirá implementar la legislación de inmigración del Congreso que asegura que los menores sean tratados con dignidad y con especial consideración a su vulnerabilidad.

Aunque la regulación debería entrar en vigor a los sesenta días de su publicación, la Casa Blanca espera que se retrase debido a las demandas de organizaciones pro – inmigración. Activistas de inmigración han anunciado que retarán la medida en los tribunales, donde esperan que el caso llegue ante la jueza federal del distrito central de California, Dolly M. Gee, que el año pasado refutó la demanda de la Administración para extender el período de detención de inmigrantes.

La nueva iniciativa legislativa de Trump pretende circunvalar a la magistrada sobre la falta de condiciones en los centros de detención federal para albergar inmigrantes por más de veinte días. La administración, bajo la nueva regulación, pretende crear su propio sistema de licencias de autorización de residencias para hospedar familias de inmigrantes detenidos en espera de resolución de sus casos.

Por su parte, la Asociación de Libertades Civiles (ACLU) considera que el Gobierno no debería encarcelar a niños. Según la ACLU se trata de un nuevo ataque contra la infancia, un sector de la población que desde el equipo de Trump se ha convertido en el centro de su política antiinmigración. Por ello, instó al Congreso a negar su financiación.

El Consejo Americano de Inmigración declaró que basta un período corto de detención para que genere efectos psicológicos de por vida en la salud de los niños. El director de Política de Inmigración para el Progreso Americano, Philip E. Wolgin, dijo que la nueva regulación para detener niños indefinidamente perjudicará la salud y el desarrollo mental, físico y emocional de los menores. La organización calcula que la retención indefinida será además enormemente costosa. El gasto se cifra en cerca de doscientos millones de euros anuales.

Desde la Casa Blanca se espera que la nueva regulación sirva de medida disuasoria a la inmigración ilegal proveniente de Centroamérica. Las detenciones de inmigrantes en la frontera con México se han reducido en un 40% desde el pasado mayo, una caída drástica que se atribuye a las medidas implementadas en México, aunque Estados Unidos cree que se producirá un nuevo resurgimiento en el otoño.