El pasado 1 de agosto, el buque de la ONG Proactiva Open Arms sacó del agua, en dos rescates diferentes, a 124 personas, entre ellas dos bebés y otros 30 menores de edad. El primero de ellos se produjo en aguas de responsabilidad libia, cuando encontraron una barca de madera en la que viajaban 55 personas. La segunda operación, ya de noche y en zona de rescate maltesa, salvó a 69 migrantes. Se trataba de las primeras tareas de salvamento realizadas por el Open Arms en meses, después del veto del Ministerio de Fomento que buscaba evitar nuevas crisis derivadas del rescate de migrantes que acaban bloqueados en altamar ante la negativa de Malta e Italia a abrirles sus puertos.

Tras el rescate del 1 de agosto, el Open Arms contactó con los centros de coordinación marítima de Malta e Italia, que mantienen su política de puertos cerrados para los migrantes, y pidió que coordinasen el desembarco en un puerto seguro. En los dos días posteriores, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, advirtió que el barco no podía entrar en aguas territoriales italianas (12 millas) a riesgo de una multa de hasta 50.000 euros y la confiscación del buque en caso de reincidencia, mientras que el Gobierno español se desentendió del caso. "Creo que ya se dirige a otro puerto", aseguró el 2 de agosto, un día después del rescate, la ministra portavoz en funciones Isabel Celaá en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

El 9 de agosto, cuando se cumplían ocho días tras el rescate, el actor estadounidense Richard Gere llevó víveres al Open Arms y visibilizó en medios de comunicación de todo el mundo el problema del buque español con 121 personas a bordo. Además, ese mismo día, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, emplazó a España a que se hiciera cargo de los migrantes.

El 10 de agosto, el Open Arms rescató a 39 personas más en aguas de responsabilidad de Malta. Este hecho aumentó la presión sobre la UE pero también en el propio buque. Con 160 personas a bordo, Malta ofreció desembarcar en uno de sus puertos a los últimos 39 náufragos, pero se negó a asumir a los otros 121, entre los que había dos bebés de nueve meses y otros 30 menores de edad. “El Centro de Coordinación de Rescate de Malta no es el competente en los otros casos. Estamos haciendo más de lo que nos corresponde”, advirtieron los guardacostas malteses en un correo electrónico que remitieron al barco español. La Valeta envió una patrullera que tardó nueve horas en llegar, pero regresó a puerto con el barco vacío. Tras sopesar qué decisión tomar, después de sufrir varios incidentes violentos y ante la posibilidad de una revuelta en cubierta, el capitán del buque catalán decidió mantener a bordo a todos los rescatados “por razones de estricta seguridad”. “Es inadmisible y un riesgo para la seguridad del barco que se acerquen los guardacostas para llevarse solo a una parte de ellos cuando el resto lleva tanto tiempo a bordo”, defendió el director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps.

El 12 de agosto, el Open Arms solicitó a Malta e Italia la evacuación médica de tres de los rescatados y sus familiares, nueve personas en total. Malta aceptó recoger en helicóptero a dos mujeres y sus familiares e Italia a un hombre. Entre los evacuados había una mujer sudanesa que viajaba con sus dos hermanas, su madre y su hija de 12 años, y que tenía síntomas de neumonía; y otra mujer, de 32 años de Costa de Marfil, que presentaba alteraciones neurológicas y que viajaba con una hermana y su sobrino. Por último, había un joven de 20 años de Eritrea con síntomas de tuberculosis. Con su evacuación, el número de migrantes a bordo del Open Arms descendió a 151. 

Un día más tarde, la Comisión Europea señaló que mantenía contactos informales con varios países para redistribuir a los rescatados por el Open Arms y permitir así su desembarco. Sin embargo, 13 días después del primer rescate, ningún país se había ofrecido para liderar el desbloqueo. Además, un segundo buque, fletado por Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, con 356 migrantes en cubierta, se sumó a la exigencia de un mecanismo europeo de desembarco. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario insistió en que mientras no hubiera petición de coordinación formal por parte de un Estado, no estaba entre sus competencias hacerse cargo de la mediación para desembarcarlos. Por su parte, el director de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, aumentó la presión sobre el Gobierno español, a quien exigió que España mediara ante la UE: “Estoy indignado porque no están haciendo nada y se olvidan además de que el pabellón del barco es español”.

 El 14 de agosto, Italia aceptó evacuar a los dos bebés y sus padres que permanecían a bordo del Open Arms desde dos semanas atrás, después de que la tripulación del barco solicitase por razones médicas a Roma y Malta que se hiciesen cargo de ambos. Uno de los dos, según la ONG, presentaba dificultades respiratorias. Junto a los bebés viajan sus padres, la mamá de Eritrea y el padre de Etiopía, tal y como pidió la organización y aceptaron ambos países. Con su salida del barco, permanecían en el mismo 147 personas. 

Al día siguiente, un tribunal italiano levantó la prohibición de entrada en aguas territoriales italianas impuesta al Open Arms para “permitir el socorro de las personas a bordo”. El tribunal argumentó que el peligro en el que se hallaban las personas que quedan en cubierta exigía una respuesta sin demora. La medida, adoptada por el Tribunal Administrativo Regional del Lazio, justificó su decisión en “la situación de gravedad y urgencia excepcionales” que se vivía en el barco. El escrito defendía la necesidad de “proporcionar asistencia inmediata a las personas rescatadas más necesitadas”, pero no suponía un permiso explícito para entrar en puerto. Tras recibir la noticia, la embarcación puso rumbo a la isla de Lampedusa.

El 17 de agosto, Italia desembarcó a 27 menores que quedaban en el barco bloqueado frente a las costas de Lampedusa. Los menores llegaron a tierra en dos barcos de la Guardia di Finanza y de la Guardia Costera italiana, y fueron trasladados a un centro de acogida. A bordo del Open Arms quedó un menor que viajaba acompañado por adultos. El balance ese día era de 107 migrantes a la espera de una solución política o judicial.

El 18 y el 19 de agosto, el Gobierno en funciones ofreció primero el puerto de Algeciras y después el más cercano de Mahón para el desembargo de los migrantes. Sin embargo, Proactiva Open Arms dijo no a ambas propuestas después de más de dos semanas esperando una solución y cuando se encontraban frente a la isla de Lampedusa. La ONG argumentó que era inviable un traslado de tantos días, ante la situación que se vivía a bordo. De hecho, cuatro inmigrantes se tiraron al mar para tratar de alcanzar la costa a nado. Por su parte, el director de Proactiva, Óscar Camps, pidió trasladar en avión a España a los inmigrantes.

Este martes 20 de agosto, otras ocho personas y un acompañante fueron evacuados, mientras que hasta 11 personas se lanzaron al agua para intentar llegar a Lampedusa nadando. Esta tarde y en paralelo, el buque de la Armada Española Audaz partió de la base naval de Rota (Cádiz) con destino a Lampedusa para ayudar al Open Arms, mientras que un fiscal italiano ordenó la incautación del barco y el desembarco inmediato de los inmigrantes que quedan a bordo, 83, según ha confirmado la ONG a través de Twitter. “La situación en el barco es explosiva, de máxima urgencia”, declaró Luigi Patronaggio, fiscal de Agrigento (Sicilia), tras visitar el Open Arms. Tras veinte días esperando una solución, la organización catalana expresó: “Por fin, se acaba la pesadilla”.