ROMA. La crisis del Open Arms, que mantiene a más de 100 personas bloqueadas en el mar desde hace 18 días, ha agudizado la tensión entre los gobiernos de España e Italia y de éstos con la ONG, que sigue viendo inviable la posibilidad de zarpar a Baleares y ha propuesto trasladar a los inmigrantes en avión.

Un día después de que el Ejecutivo ofreciera por primera vez un puerto desde que se desencadenó esta crisis el pasado 1 de agosto, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha acusado a Italia de “saltarse las leyes” y contravenir “todas las normas”, por lo que ha dejado la puerta abierta a denunciar a sus responsables ante el Tribunal Internacional de Derechos del Mar de Hamburgo.

Sin embargo, Calvo también ha dirigido sus críticas a la ONG, sugiriendo que tuvo la oportunidad de atracar en Malta después de que el Gobierno estuviera trabajando “todo el tiempo” en esta alternativa y, sin embargo, no lo hizo.

“Pudo haber entrado en Malta. Esa solución estaba ahí”, pero el buque no quiso hacerlo “e insistió en ir a Italia”, ha puntualizado Calvo, quien considera que la actuación del Gobierno ha sido “ejemplar” porque ha ofrecido “todo tipo de salidas”. “¿Qué más podemos hacer?”, se ha preguntado.

El buque ya suma 18 días en el mar esperando un puerto seguro, los últimos cuatro fondeando a tan solo 800 metros de la isla italiana de Lampedusa, que es donde insiste en que tiene que atracar;no obstante, esta mañana se ha mostrado abierta a aceptar la última oferta del Gobierno de ir a Palma o Mahón si Italia y España “ponen los medios necesarios” para garantizar la seguridad y el éxito.

Lo hacía en un comunicado en el que señalaba que “después de 18 días de estancamiento, Italia y España parecen haber finalmente llegado a un acuerdo, identificando Mallorca como puerto de desembarco. Una decisión que nos parece completamente incomprensible”, señalaba el texto.

Poco después, fuentes de la Moncloa negaban tajantemente la existencia de un acuerdo con el país transalpino “al que alude de manera confusa la propia ONG” y han asegurado que “lo único cierto es que el Gobierno ha ofrecido al Open Arms poder dirigirse al puerto español que esté más próximo en su ruta y que el Ejecutivo italiano está incumpliendo la ley al impedir el desembarco”.

Especialmente dura con los responsables italianos ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha acusado al titular de Interior de ese país, Matteo Salvini, de haber hecho fracasar la Operación Sophia en el mar Mediterráneo por sus políticas “xenófobas” y su actitud “inconcebible” con este barco.