DONOSTIA- El pasado 8 de julio, en sintonía con el papa Francisco, que ese mismo día celebró en Roma una eucaristía con migrantes, refugiados y voluntarios dedicados a socorrerlos, un grupo de cristianos de Gipuzkoa se acercó al puerto de Pasaia para mostrar su apoyo al barco Aita Mari, recién llegado del Mediterráneo tras haber sido frenado por los estados en su misión de rescatar refugiados. Precisamente, un mes antes representantes de Salvamento Marítimo, la ONG responsable del Aita Mari, fueron recibidos en el Vaticano por el papa Francisco, que les transmitió el siguiente mensaje: “Sigan trabajando. Me parece un horror, no me cabe en la cabeza que haya helicópteros y barcos que ven seres humanos en peligro y no les ayuden. Dios nos castigará por esto”.

Haciendo suyo este mensaje del pontífice, el citado grupo de cristianos que acudió a Pasaia para apoyar alAita Mari leyó un comunicado que se cerraba con un petición expresa a los obispos vascos: “Reclamamos su apoyo público y económico al barcoAita Mariy a Salvamento Marítimo Humanitario, en sintonía con el santo padre, ante este drama humanitario del Mediterráneo y que está viviendo también la frontera de México y Estados Unidos”.

Pero casi mes y medio después, aquella petición ha caído en saco roto, precisamente cuando la crisis de los migrantes y refugiados ha arreciado con más fuerza, primero con el desembarco por las bravas del buque alemán Sea Watch-3, bloqueado en alta mar en medio de las trabas legales y el desinterés de los estados de la Unión Europea, y ahora con la penosa odisea delOpen Arms, al que le impiden desembarcar un pasaje desesperado que huye del hambre, la represión y la falta de futuro.

En este sector de la iglesia guipuzcoana vuelve a cundir una mezcla de frustración y enfado con el obispo Munilla, que no ha hecho el más mínimo gesto ni ha sido capaz de hacer suya la preocupación del papa Francisco, para alzar su voz desde su privilegiada atalaya en representación de la comunidad cristiana de Gipuzkoa y propagar un mensaje de solidaridad a la causa de los migrantes y refugiados.

Y ocasiones para ello no le han faltado. Tanto la misa del 1 de agosto, en el marco de la festividad de San Ignacio de Loiola, como la del 15 de agosto son dos citas señaladas en el calendario de la diócesis, dos fechas con altavoz mediático para el obispo de turno, algo de lo que el propio Munilla se ha valido en otras ocasiones para divulgar mensajes de su agenda de preocupaciones, como hizo con lo que denomina “ideología de género”.

En ninguna de las dos homilías la crisis migratoria ha encontrado hueco en su discurso. El obispo se ha dedicado a glosar las vidas de Elcano y de Ignacio de Loiola o a recrearse en la derrota de Napoleón en su lecho de muerte ante la “gloria de dios”. Discursos descontextualizados del tiempo que le toca vivir y que los sectores consultados por este periódico interpretan como una abdicación en toda regla de la misión social que también le corresponde a la Iglesia.

AGENTE INMOBILIARIO En cualquier caso, se trata de un silencio coherente con su novedosa política de agente inmobiliario para obtener recursos de las propiedades de la diócesis, un comportamiento que los sectores descontentos con Munilla juzgan de antievangélico y contradictorio con la misión de estar cerca de los pobres.

La polémica ha estallado en esta ocasión en la comunidad de la iglesia de la Sagrada Familia de Donostia. Allí, su consejo parroquial ha hecho públicos dos comunicados en los que acusa al obispo de presionar con maneras “absolutistas” al párroco José Martín Artola para que abandone, sustituirlo por alguien afín y hacerse de esta forma con las riendas de la comunidad para sacar adelante su plan de construir pisos en el solar que ocupa la iglesia.

Tanto el consejo parroquial como la mayoría de la comunidad se oponen a los planes inmobiliarios del obispo, le rebaten que la iglesia esté deteriorada y recuerdan que se realizaron obras de renovación que sufragaron los fieles.

Insensible al sentir de la comunidad, Munilla ha conseguido forzar la salida del párroco, que dejará la plaza el 22 de septiembre a fin de incorporarse a la parroquia de la Sagrada Familia de Irun para sustituir al actual párroco Jokin Mitxelena.

La salida de Artola ha sido traumática. En un escrito al que ha tenido acceso este diario y enviado al vicario general Juan María Olaetxea, Artola le insiste en que abandona la parroquia en contra de su voluntad “ante la presión y verdadero acoso y derribo al que me habéis sometido para sacarme como sea de esta parroquia”.

También ha podido saber este diario que la dirección de la Sagrada Familia va recaer ahora en Unai Manterola (vicario de liturgia, párroco de Orio y encargado de las obras de adaptación de las nuevas dependencias de la diócesis en el Seminario) e Iñigo Mitxelena, párroco de Legazpi. Ambos son de la cuerda de Munilla.

Los comunicados hechos públicos por el consejo parroquial de la Sagrada Familia han permitido conocer el doble rasero que está mostrando el obispo en torno a esta operación inmobiliaria. Pese a que de cara al exterior ha tratado de divulgar la idea de que se trata de un proyecto en el que va de la mano del Ayuntamiento, el consejo parroquial asegura tener pruebas de que la iniciativa en todo momento ha sido suya y recuerda que han sido varias las constructoras que han visitado el templo con su conocimiento y aval.

La información del consejo parroquial coincide con la obtenida por este diario de fuentes municipales. Fue el obispo el que se dirigió hace dos años al Ayuntamiento con un proyecto inmobiliario bajo el brazo arguyendo problemas de tesorería;un plan en el que contaba con el acompañamiento de una constructora.

El plan, a corto plazo no tiene visos de prosperar, pero las maniobras de Munilla para forzar la voluntad del párroco y sustituirlo por dos sacerdotes afines revelan que su interés sigue intacto.