El pasado martes, el Senado de EE. UU. rechazó el proyecto de permitir que los doce millones de inmigrantes ilegales con más de cinco años en ese país permanezcan otros seis y pidan la residencia legal tras pagar impuestos vencidos y multas y demostrar que están aprendiendo inglés. Antes, la Cámara Baja había aprobado un proyecto que convierte a los inmigrantes ilegales en delincuentes, reprime la contratación de indocumentados y acentúa la seguridad en la frontera. Los mexicanos consideran esta valla un atentado a los derechos humanos y un golpe a las relaciones entre ambos países. Peor acogida aún ha tenido la decisión de Bush de impulsar un programa de limpieza de trabajadores ilegales, junto con políticas que permitan la entrada de temporeros y la regularización de los indocumentados. Estas medidas han provocado masivas protestas de los movimientos pro inmigración.
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Sin embargo, muchos trabajadores estadounidenses rechazan la presencia de millones de inmigrantes latinoamericanos que, debido a su precaria situación legal, empujan hacia abajo los salarios, especialmente entre quienes no han terminado la educación media. El plan de reforma migratoria que impulsa Bush incluye, además de las vallas, una solicitud al Congreso de casi 2.000 millones de dólares para reforzar la seguridad limítrofe con tecnología avanzada y la contratación de 6.000 agentes para el patrullaje fronterizo. Algunos analistas reparan en la melancólica paradoja de este muro norteamericano, erigido por el país de las libertades.
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