Una solida mayoría del Senado de EE. UU. vota amnistiar a la mayoría de 'sin papeles'

La Vanguardia, 26-05-2006

. – . – El Senado de Estados Unidos aprobó ayer, por 62 votos contra 36, y tras apasionados debates, el proyecto de la nueva ley de inmigración, que es probablemente la iniciativa política y legislativa más importante en el segundo mandato del presidente George W. Bush. El sólido consenso bipartidista busca legalizar, de forma gradual y con ciertos requisitos, a unos diez de los doce millones de inmigrantes indocumentados que se calcula residen en el país.
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Pero el visto bueno del Senado no significa que la cuestión esté zanjada. La compleja ley elaborada por la Cámara Alta tiene que ser consensuada con la versión, muchísimo más severa con los inmigrantes, que aprobó la Cámara de Representantes en diciembre pasado. Pese a las presiones de Bush, nadie puede garantizar que la negociación no se estanque y que el incómodo tema migratorio acabe por postergarse una vez más, hasta después de las elecciones legislativas de noviembre.
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El proyecto del Senado, que provocó una ruptura de la mayoría republicana, prevé que quienes prueben que llevan más de cinco años en Estados Unidos, sin cometer delitos y con trabajo, podrán obtener la ansiada green card (el permiso de residencia indefinida) y entrar en el proceso para nacionalizarse estadounidenses. Entre las condiciones figuran pagar una multa, abonar impuestos atrasados y aprender inglés. A quienes lleven entre dos y cinco años, se les requerirá que viajen a un paso fronterizo, en México o Canadá, para registrarse y pedir un permiso temporal de residencia que luego podrá convertirse en permanente. El destino más problemático lo tendrán quienes lleven menos de dos años. Esos deberán abandonar EE. UU. o vivir definitivamente en la sombra.
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Quedan muchos interrogantes sobre cómo se aplicarán en la práctica estas medidas, incluso si son factibles de llevar a la práctica. El mismo número de indocumentados es muy inconcreto. Siempre se baraja la cifra de entre 11 o 12 millones, pero la sospecha es que pueden ser muchos más, tal vez hasta 20 millones. La senadora demócrata por California Diane Feinstein advirtió de que “no es realista” pensar que puede deportarse a dos millones de indocumentados, los que se estima que llevan menos de dos años.
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El mundo de la inmigración ilegal es, en efecto, muy complejo. Hay inmigrantes que llevan más de veinte años y que, por alguna razón, no han podido todavía legalizarse.
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Estas personas han tenido hijos en EE. UU., los cuales son automáticamente ciudadanos estadounidenses. Dentro de una misma familia pueden darse todas las categorías: ciudadanos norteamericanos de pleno derecho, residentes legales, residentes ilegales con perspectiva de regularización o sin ella. Resulta evidente el reto social que supone legislar sobre la materia.
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La amnistía de facto – aunque, por pudor político, se evita usar ese nombre – para muchos de los sin papeles es la parte fundamental del proyecto. Otro punto es la creación de un programa de trabajo temporal para 200.000 inmigrantes al año. Se han añadido multitud de disposiciones para convencer a los republicanos más reacios a absorber más inmigrantes: la construcción de una triple valla de más de 600 kilómetros en la frontera con México, el reforzamiento de la guardia fronteriza, más medios técnicos de control, severas multas para los empresarios que contraten a indocumentados, medios de identificación personal más seguros y otras medidas. El presidente Bush decidió por su cuenta enviar hasta 6.000 soldados de la Guardia Nacional para ayudar a la policía fronteriza. Con todo, será difícil homogeneizar el proyecto del Senado con el de la Cámara de Representantes, pues ésta decidió considerar delito el simple hecho de sin un inmigrante sin papeles.
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Los debates en el Senado han movilizado a las primeras espadas de la Cámara, con discursos apasionados de personajes como el demócrata Edward Kennedy o el republicano John McCain, ambos en el bando proinmigrantes. La discusión en Washington ha coincidido con la gira por varios estados del oeste del presidente mexicano, Vicente Fox, en apoyo a una ley que sea generosa con sus nacionales emigrados a Estados Unidos.
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