El Senado norteamericano dio ayer el visto bueno – por 62 votos a favor y 36 en contra – al mayor endurecimiento de las leyes de inmigración de los últimos 20 años: militarización de la frontera con México, construcción de un muro metálico de 595 kilómetros y blindaje del inglés como idioma «oficial».

Como contrapunto, la nueva ley contempla legalizar la situación de gran parte de los 12 millones de indocumentados que están en el país, aunque prevé la deportación de los millones que han entrado ilegalmente en los últimos dos años. El Senado prevé también la puesta en marcha de un programa de 200.000 «trabajadores huéspedes» todos los años.

El texto aprobado ayer tendrá que ser aún negociado con el Congreso norteamericano, que en diciembre pasado aprobó una ley aún más contundente que contempla la «criminalización» de los indocumentados y la construcción de un muro a lo largo de 1.200 kilómetros.

El debate se prolongará aún varios meses y llegará posiblemente hasta las elecciones legislativas de noviembre, convertidas en un referéndum sobre la política migratoria del presidente Bush.

Bush se felicitó ayer por el acuerdo alcanzado entre los republicanos moderados y un grupo de senadores demócratas que respaldaron casi todas sus iniciativas, incluido el despliegue de 6.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera.

Sin esperar siquiera a la votación, la Guardia Nacional anunció que la primera oleada de 800 soldados con destino a los puntos más calientes de California, Arizona, Nuevo México y Texas estará operativa la próxima semana. El general Steven Blum informó de que los soldados completarán turnos rotatorios de 21 días en labores de apoyo a la Patrulla de Fronteras y que llevarán armas «para poder ejercer la autodefensa», pero que en ningún caso participarán directamente en la detención de indocumentados.

El texto aprobado ayer en el Senado contempla también una cláusula que suaviza la construcción del muro metálico en la frontera y precisa que la decisión será consensuada con el Gobierno mexicano.

Según la ley aprobada ayer, los inmigrantes que demuestren su presencia en el país durante más de cinco años (aproximadamente, dos terceras partes de los 12 millones de indocumentados) podrán quedarse en el país y solicitar la ciudadanía después de pagar una multa de 3.200 dólares, pagar retroactivamente los impuestos y aprender inglés. La espera para ser elegibles para la ciudadanía se prolongará sin embargo durante 11 años.

Los dos millones de sin papeles que han entrado en los dos últimos años serán obligados a «dejar el país», mientras que los que lleven entre dos y cinco años deberán «fichar» en un puesto fronterizo, ponerse a la cola y solicitar una tarjeta de residencia.

Las medidas planteadas por el Senado se enfrentaron ayer mismo a la oposición frontal de los republicanos ultraconservadores en el Congreso, que en diciembre pasado votaron a favor de criminalizar a los indocumentados (hasta entonces, su presencia en el país estaba considerada como una «falta grave»).

Las negociaciones para conciliar los dos textos del Congreso y del Senado estarán precisamente en manos de un republicano de la línea dura, el congresista James Sensenbrenner, que dijo ayer que la ley del Senado era lo más parecido a «una amnistía».Sensenbrenner declaró ayer que las puertas para la negociación definitiva de la ley de inmigración siguen abiertas.

El senador John McCain, uno de los impulsores del texto de compromiso aprobado ayer, defendió sin embargo el paso adelante del Senado: «No podemos deportar a 12 millones de personas que llevan viviendo aquí hasta 20 años. Y tampoco podemos mantener la situación actual: tenemos que solucionarla de alguna manera».

Otro de los puntos de conflicto entre el Senado y el Congreso será el controvertido muro metálico. En la ley del Congreso, el muro será dos veces más largo y cubrirá una tercera parte de los más de 3.000 kilómetros de frontera. El presidente Bush se ha comprometido a trabajar por una solución intermedia y defiende la construcción de vallas metálicas en «lugares estratégicos».

El Senado incorpora también dos enmiendas en defensa del inglés, una como «lengua oficial» y otra como «lengua unificadora y común».El demócrata Henry Reid denunció ambas enmiendas como «racistas» y dirigidas con los hispanohablantes, pero el voto a favor de otros once senadores demócratas permitieron que saliera adelante.

La cuestión del idioma ha estado muy presente en los dos últimos meses durante el debate de la inmigración. La polémica desatada por la versión en español del himno norteamericano (Nuestro himno) provocó la reacción unánime en las trincheras del English Only.El presidente Bush ha proscrito el español de sus discursos y ha defendido «la necesidad de hablar inglés» para ganar el derecho a la ciudadanía norteamericana.

Otro punto defendido por Bush y marginado a conciencia por el Congreso, la puesta en marcha de un programa de «trabajadores huéspedes» que posibilite la entrada y salida del país de 200.000 temporeros todos los años, ha sido rescatado a tiempo por el Senado y figurará sin duda como uno de los puntos más calientes de la negociación final entre ambas cámaras.

El demócrata Joseph Biden declaró ayer que estaba dispuesto a dar su apoyo al texto «siempre y cuando mantenga su actual equilibrio entre las cuestiones de seguridad, el programa de trabajadores huéspedes y la salida de la situación de los inmigrantes indocumentados que están en el país».

Su correligionaria Dianne Feinstein, que intentó sacar inútilmente adelante una medida que intercediera también por la oleada de inmigrantes de los dos últimos años, se mostró escéptica ante la puesta en marcha de la ley: «No es realista pensar que el Departamento de Seguridad Doméstica va a ser capaz de deportar por lo menos a dos millones de personas».