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Es domingo y Cowan está junto a decenas de personas en una sesión de entrenamiento de voluntarios en la iglesia de Saint Marks, en Tucson. Hay representantes de Los Samaritanos, que a diario hacen patrullas para buscar y asistir a inmigrantes en el desierto. Hay abogados y médicos. Hay historiadores que recuerdan los tiempos anteriores a los tratados de Guadalupe Hidalgo y la Mesilla, cuando Arizona – – como Utah, Nevada, Tejas y California – – era territorio mexicano.
En la reunión hay también economistas que explican el impacto económico de los inmigrantes (que se gastan 1.000 millones de dólares en el estado y que dejan ganancias de 240 millones solo en concepto de comisiones por el dinero que envían a México). Y hay personas dispuestas a ayudar “en todo lo que se pueda”.

Diálogo difícil
También hay en la reunión representantes de la patrulla fronteriza: Larry Bailey y la encargada de relaciones con la comunidad, Lisa Reed. Su presencia señala un cambio de actitudes, y las palabras de Bailey, uno de los 2.700 agentes del sector de Tucson, son esperanzadoras: “El diálogo tiene que continuar”. Sin embargo, su discurso ante los voluntarios es muy duro: “Seguirá delinquiendo quien monte en un coche a un sin papeles, sea cual sea la situación”, dice. Así, de un plumazo, echa por tierra un borrador de colaboración redactado en meses de duras negociaciones entre los voluntarios y Michael Nicley, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson.
“Recuerden que no saben con quién tratan. Muchos de esos inmigrantes tienen historiales delictivos”, prosigue Bailey. En realidad, según las cifras que más tarde facilita Reed – – la única representante de la patrulla fronteriza con la que este diario puede hablar sin pasar por un proceso burocrático de 15 días – – , solo el 10% de los inmigrantes tienen antecedentes.

Las leyes, con mayúscula
La criminalización del inmigrante es uno de los aspectos que molesta a Lupe Castillo, profesora de Historia y voluntaria. “Estamos como en estado de guerra contra México, pero no como nación sino como pueblo. Lo que antes hacían los racistas ahora lo hacen las leyes. Ninguna de las políticas de Washington vale nada porque ni cubre las razones de por qué vienen ni la solución – – continúa – – . Con la militarización aumentarán los números y el conflicto, vendrá más caos”.
Ni Wilson ni Cowan ni Castillo creen que la inmigración vaya a detenerse. Tampoco lo cree Katie, otra voluntaria: “Hay leyes, con mayúscula, que no necesariamente están escritas en los libros. Son las relacionadas con los derechos humanos, y es responsabilidad del individuo mantenerlas. No debería morir nadie mientras intentamos encontrar la solución”.