Colombia, por mucho el principal destino del éxodo que huye de la crisis social, política y económica venezolana, ha dado un nuevo paso para atender la emergencia migratoria. El presidente colombiano, Iván Duque, ha firmado este lunes una resolución para que miles de hijos de padres venezolanos nacidos ya en territorio colombiano puedan obtener la nacionalidad y eviten así el riesgo de convertirse en apátridas.

La medida administrativa cobija a cerca de 24.000 niños nacidos en Colombia desde el 19 de agosto de 2015 que cuentan con una anotación en su registro civil de nacimiento como prueba de nacionalidad. También a los que nazcan en territorio colombiano durante los dos años siguientes a partir de la entrada en vigor de la norma. La única vía hasta la fecha para obtener la nacionalidad colombiana por nacimiento es que al menos uno de los padres sea nacional o, en caso de ser extranjero, que demuestre estar domiciliado en el país sudamericano, lo que dificulta en gran medida su obtención para los hijos de migrantes irregulares.

Colombia decidió adoptar la medida cuando “constató que existían obstáculos insuperables” para que estos niños pudieran obtener la nacionalidad venezolana, detalló la presidencia colombiana. Venezuela no tiene consulados en el país vecino, después de que ambos Gobiernos rompieran relaciones y Duque, un feroz crítico de Nicolás Maduro, reconociese como presidente interino al líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. Acompañado por el canciller Carlos Holmes Trujillo, el registrador Juan Carlos Galindo, el defensor del pueblo Carlos Negret y el procurador Fernando Carrillo, el presidente calificó el decreto como un “gran esfuerzo interinstitucional del Estado colombiano”. La medida es consistente con la Constitución, que le da preponderancia a los derechos de los niños.

Se trata, según la oficina de Naciones Unidas en el país andino, de una “decisión fundamental para prevenir el riesgo de apatridia de miles de niñas y niños nacidos en Colombia hijos de padres venezolanos”. La ONU la saludó, además, como “un gran avance en la garantía de los derechos de la niñez”. La apatridia afecta a millones de personas en el mundo, quienes al no tener un reconocimiento ni protección de ningún Estado son frecuentemente víctimas de discriminación y encuentran graves limitaciones de acceso a sus derechos a la salud, educación, movilidad, inclusión y participación en la sociedad.