El relato oficial sobre el asesinato del migrante hondureño a manos de la policía mexicana a 300 kilómetros de la frontera estadounidense se ha ido presentando en capítulos incompatibles, contradictorios. La Fiscalía del Estado de Coahuila, a cargo de la investigación y cuyos agentes están involucrados en la muerte, ha rectificado la tarde de este jueves la información que difundió por la mañana, en la que aseguraba que el centroamericano había fallecido como resultado de la respuesta policial a una agresión. El fiscal Gerardo Márquez Guevara ha señalado en una segunda versión que una balacera entre oficiales y narcomenudistas se cobró la vida del migrante, que nada tenía que ver. El presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha deslindado este viernes de los hechos y ha ordenado una investigación para aclarar lo sucedido.

La muerte del migrante ha abierto una nueva brecha en el debate por el endurecimiento de la política migratoria en México. La noticia llega en medio de señalamientos contra el Gobierno federal, a quien se acusa de incrementar el hostigamiento y acoso policial contra los migrantes y los defensores tras la firma del acuerdo con Donald Trump. "No somos represores, no vamos a hacer razias", ha dicho este viernes López Obrador. Acorralado por los señalamientos, el presidente mexicano ha optado por deslindarse del tema. “Es un asunto vinculado con la policía del Estado de Coahuila”. El mandatario ha asegurado además que instruyó una investigación sobre lo sucedido “porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración”. Algo que afirman testigos presentes y que el Instituto Nacional de Migración ha rechazado. “Vamos a aclararlo bien, pero nosotros somos respetuosos de los derechos humanos”, ha dicho.