7.800 menores arriesgaron su vida a lo largo de 2018 para llegar a España. Uno de cada 10 inmigrantes contabilizados. La mayoría de ellos, unos 7.000, sin ninguna referencia familiar. Sin embargo, tanto en su atención como en su acogida primó su condición de migrante antes que la de infante con necesidades específicas psicosociales. Una situación que, como denuncia Save The Children, no solo es “anómala” sino que además ahonda en su vulnerabilidad y desprotección. Ya ha ocurrido en Andalucía y Catalunya, donde las quejas ante los supuestos conflictos que generan tapan la realidad de que el grueso de ellos jamás ha tenido conductas delictivas previas. Y que en algunos casos se trata de simple inadaptación a un sistema institucionalizado donde carecen de medios y recursos para atenderles.

“Es una obligación de todos, partidos políticos, administración y sociedad, garantizar los derechos de estos menores ante su situación de especial vulnerabilidad”, insistió este martes en Sevilla Andrés Conde, director general de Save the Children. La organización urge a las administraciones no solo a gestionar las migraciones de manera responsable y sostenible, garantizando el respeto a los derechos humanos, sino además a implementar una “perspectiva de infancia” en todos los protocolos, normas y políticas que se lleven a cabo con menores inmigrantes, un colectivo especialmente vulnerable y susceptible de caer en manos de redes de trata y explotación con distintos fines.

Los datos demuestran que el sistema falla, como recogen en su informe ‘Contando pasos’. Pese al aumento de los menores inmigrantes en los últimos tiempos, un 400% sólo en 2018, desde 2013 apenas 15 niñas han sido reconocidas como víctimas de trata. O que únicamente 75 menores no acompañados solicitaran asilo pese a venir de situaciones de violencia extrema en sus países. En este punto, Conde puso el acento en la necesidad de mejorar los procesos en el momento de llegada, a fin de una correcta identificación como menor, ya que hasta ahora se realiza de forma visual o por su desarrollo óseo, procedimientos considerados dudosos por Naciones Unidas. Esas primeras horas de llegada son críticas además para detectar situaciones de vulnerabilidad u ofrecer la posibilidad de asilo, con un mayor nivel de protección, a aquellos susceptibles de demandarla. También para detectar sus redes familiares y facilitar la reagrupación, objetivo final del proyecto migratorio de muchos de ellos que buscan llegar a Centroeuropa y países nórdicos.

Escasa corresponsabilidad
El paso siguiente, la acogida, también adolece de fallos y recursos para asegurar una atención integral. “En ocasiones vemos cómo son acogidos en centros sin traductores, al triple de su capacidad, sin camas suficientes, sin actividades de formación u ocio, sin perspectiva de infancia…”, dijo. También falta una política de estado basada en la corresponsabilidad de las comunidades autónomas para acogerlos. “No podemos reclamar a la UE que la llegada de migrantes no es solo cuestión de España, y que pensar que su acogida es problema de la comunidad a cuyo puerto llegan”, reprochó Conde. El 60% de los menores atendidos lo fueron en Andalucía, y el 10% restante se concentra en Cataluña, Euskadi, Ceuta y Melilla. “La concentración no es buena ni para ellos ni para las sociedades de acogida”, reflexionó, “no hay política de estado sino solo transferencia de recursos a las regiones con mayor presión”.

Conde hizo hincapié entonces en el estigma delictivo de los menas, azuzados con protestas vecinales en los últimos meses, que los datos policiales desmontan. En Andalucía, sólo el 0,52% de los acogidos en el último lustro por el sistema de protección ha tenido medidas judiciales de internamiento por la comisión de algún delito. Y en Catalunya, los Mossos consideran que el 82% de los menores que llegaron no tuvieron ningún contacto con la delincuencia. “Hay que mirar que hacer con esos casos, que revelan que la respuesta del sistema no es suficiente”, concluyó, abogando por la atención más individualizada que se ha mostrado exitosa en otras regiones.

La ayuda al desarrollo, “moneda de cambio”
La UE centra las políticas para el desarrollo en el blindaje de fronteras en países africanos, a fin de que ejerzan como sus gendarmes. Esta es la denuncia que realiza Oxfam Intermón, que reprocha que estas medidas aumentan la vulnerabilidad de los migrantes ante “la clandestinidad creciente de las rutas”.

El último informe de la entidad analiza la externalización de la gestión migratoria en Níger, donde España juega un destacado papel en el dispositivo de control del Sahel. Y desvela como las campañas de retorno voluntario o de disuasión sobre los peligros de la migración no hacen sino generar mecanismos de expulsión, evacuación y deportación desde Argelia y Libia.

La responsable de Desplazamiento Global de la organización, Eva Garzón, critica que la ayuda oficial se use “como moneda de cambio para instar a los países con menor capacidad de negociación a comprometerse con el freno migratorio”, una imposición de los intereses europeos que además queda condicionada a la eficacia en el cumplimiento de las exigencias de la UE. “Con el enfoque político actual, que prioriza la seguridad en lugar del desarrollo, se desprotege a las personas en movimiento y se vulneran sus derechos básicos”.