. – Tal vez la Comisión Europea hace lo que puede para ayudar a España a controlar la inmigración y afrontar dignamente crisis como las de los cayucos en Canarias. Pero lo que el ejecutivo comunitario puede hacer en esto es poco: por decisión de los Estados miembros, las competencias de la UE en la materia son escasas, los medios muy limitados y la capacidad de reacción, exasperadamente lenta. Con todo, las entrevistas que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega celebró ayer en Bruselas con los comisarios de Interior, Francisco Frattini, y Exteriores, Benita Ferrero, aportaron más de lo esperado, que no era ni podía ser gran cosa; además del apoyo político incondicional y un gran voluntarismo del ejecutivo comunitario, De la Vega obtuvo el compromiso de algunas acciones “urgentes” – no en todos los casos realmente rápidas – que en parte pueden atribuirse a la UE y en parte a contribuciones multilaterales de algunos socios, como la de activar en el Atlántico un dispositivo de vigilancia con lanchas rápidas y aviones ofrecidos por un total de 8 países miembros.
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El operativo de vigilancia marítima se activará desde la Agencia europea de control de fronteras (Frontex), que es la que ha reunido los medios. El dispositivo cubrirá en una primera fase las costas de Canarias, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, y en 2007 se extenderá también a las de Gambia, Guinea Bisau y Guinea Conakry.
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De la Vega incluyó el anuncio de esta acción en lo que, entre expresiones de agradecimiento a la Comisión por su “ayuda eficaz”, presentó como “un paquete de quince medidas que podrían considerarse un plan de choque”. Pero la mayoría de las ofertas de Bruselas se referían a cosas como el envío de equipos de expertos, las gestiones diplomáticas con los países de origen, el impulso de medidas ya antes anunciadas, o bien a vagos compromisos de cooperación con España en la asistencia de los inmigrantes que logran llegar a sus costas; en campañas sobre el terreno sobre los peligros de las travesías entre África y Canarias, o en intercambios de información estratégica sobre las redes de traficantes.
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En una carísima rueda de prensa conjunta con Frattini que fue traducida a 14 lenguas por 29 intérpretes, pese a que casi todos los periodistas eran españoles y apenas sumaban una treintena, la vicepresidenta también incluyó en el paquete de medidas el “desbloqueo” de los dos millones de euros que la UE acordó destinar a Mauritania para ayudarle a frenar el éxodo hacia España. Esta ayuda – todo un ejemplo de cómo funciona a veces Bruselas – se aprobó hace exactamente dos meses dentro de un nuevo programa llamado “mecanismo de acción rápida”, y hoy es el día en que una comisión de expertos del ejecutivo de Bruselas sigue estudiando, tras una visita al país africano, en qué convendría gastar el dinero.
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Algo más ágil se pretende que sea el envío, previsto para junio, de dos grupos de “reacción rápida” formados por especialistas de distintos países miembros que ayuden a los españoles en las labores de asistencia sanitaria e identificación de los inmigrantes en Canarias.
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